El artículo 5 de la ordenanza que abrió el cupo para 8.693 nuevos taxis establece que en Quito pueden circular unidades convencionales y ejecutivas.

No autoriza la modalidad de taxirrutas. Sin embargo, más de 3 meses después de que la normativa fuera aprobada por el Concejo Metropolitano, este servicio sigue prestándose en la capital.

En zonas como la calle Machala (norte), Japón (centro-norte) o la intersección de la avenida Pichincha con la calle Olmedo (centro), vehículos particulares se sitúan a diario para trasladar a personas hacia lugares como Atucucho, Carapungo y la parte alta de La Tola.

Y la clientela que aborda los automotores y que paga tarifas de entre $ 0,50 y $ 1 por persona tampoco ha desaparecido.

José Alejandro Angulo (48 años) es dueño de un Chevrolet Corsa modelo 1995 con el que transporta personas hace alrededor de 4 años entre el barrio Quito Norte (calle Machala) y Atucucho.

El hombre asegura que su rutina diaria no ha variado tras la aprobación de la ordenanza el 11 de julio último. Empieza su labor alrededor de las 16:00, cuando sus servicios y los de sus colegas son más requeridos “por la gente que sale de sus trabajos y necesita transportarse cómoda y rápido a su casa”.

A media tarde, los recorridos tardan en partir pues los clientes escasean a esa hora; incluso hay personas que habiéndose subido a las unidades se desesperan y optan por bajarse ante la demora en completar el cupo de 4 pasajeros que se fijan algunos conductores.

Angulo asegura que, en ciertos momentos, opta por salir con 3 e incluso 2 personas y completa el pasaje en algún punto de la calle Flavio Alfaro mientras se dirige a ‘La Loma’ (Atucucho).

Pasadas las 17:00, la situación cambia poco a poco. Los potenciales clientes aumentan, las salidas son más frecuentes y, en ciertos momentos, la persona encargada del despacho de vehículos debe llamar por radio a la central para que se abastezca de automotores al punto.

Richard Sarzosa (39 años) conduce un Hyundai Accent y es colega de Angulo. Él, al igual que el resto de sus compañeros, aplicó al proceso de regularización de taxis y espera estar entre los seleccionados.

El hombre dice que si ello no ocurre seguirá buscándose la vida en las calles porque tiene una familia que alimentar.

Coincide con Angulo en que a pesar de las prohibiciones y los controles “el taxi a la puerta seguirá existiendo, porque somos una alternativa al servicio convencional y al transporte en buses”.

Juan Alomía, quien trabaja en las cercanías del coliseo Julio César Hidalgo (Pichincha y Olmedo) opina igual. Pone como ejemplo que aunque el Municipio creó la ruta Tola-San Roque con buses alimentadores para reforzar el transporte, mucha gente sigue prefiriendo usar taxirrutas para llegar a la Tola Alta.

Pero Roberto Morales, dueño de un cupo taxi convencional desde hace 20 años, discrepa con ellos.

A su juicio, hay una “competencia desleal en la que personas cuyos carros no son sometidos a controles ni pagan impuestos ofrecen un servicio ilegal y compiten con quienes cumplimos con todo”.

Morales asegura que el Municipio debería ejecutar operativos y evitar ese tipo de actividad. (I)