La crisis sanitaria y económica ha expuesto “últimamente” actos de corrupción que indignaron al país. Se denuncian casos de corrupción en todos los niveles de gobierno, con la complicidad de agentes privados. El tratamiento para esta otra pandemia se lo enfoca generalmente desde el ámbito judicial a través de normativas sancionatorias.

Desde la perspectiva del neoinstitucionalismo, los orígenes se encuentran en cómo se han diseñado las instituciones. Al definir a estas últimas como las reglas del juego en una sociedad que usamos para organizar todo tipo de interacciones, ya sean formales (leyes o normas de carácter coercitivo-coactivo); o informales (costumbres y modos de proceder), se agrega un factor sociocultural que rige la interacción humana. En este sentido, la corrupción se afianza o se atenúa según diseñamos estas reglas de juego. Si el Estado tiene enfoque de control y protagonismo en la sociedad, se induce e incentiva a los agentes sociales a transgredir la norma e incluso la ética pública. Investigadores del institucionalismo como Acemoglu y Robinson, en su libro “Porque fracasan los países” (2012), demuestran que los países que optaron por diseñar una institucionalidad inclusiva, aquella que otorga mayor libertad, con reglas de juego que respetan el concepto de propiedad, que garantizan y gestionan la interacción de actores económicos y sociales sobre la base de sus propios talentos, el incentivo, la inversión y la innovación, han desarrollado sus sociedades; por otro lado, están los países que diseñaron una institucionalidad extractiva, cuyo diseño le otorga excesivo protagonismo e intervencionismo al Estado, reforzando la cultura del privilegio y las relaciones clientelares, con una gestión en favor de los intereses de grupos de poder. El resultado final es sociedades con bajos niveles de desarrollo. Estas reflexiones de la ciencia social nos deben permitir apartarnos de una visión maniquea y simplista del tema de la corrupción: nosotros (los buenos) debemos sancionar a los corruptos (los malos). Nuestra institucionalidad ha permitido que la corrupción eche raíces en el tejido social. La clase política tiene mucha responsabilidad. Solamente a partir de una profunda reflexión acompañada del fortalecimiento de la educación, la ciudadanía y la ética pública, se podrá diseñar bajo estas nuevas ópticas una institucionalidad que marque otro rumbo al país. (O)