La Asamblea Nacional aprobó hoy con 67 votos afirmativos la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas. Mediante esta norma, los servidores públicos podrán presentar este documento con un formulario electrónico a través del sitio web de la Contraloría General del Estado.

Esa información será pública, mientras que la confrontación y examen periódico o al final de gestión serán reservados. Esta última condición se perderá si la Fiscalía General del Estado inicia la instrucción respectiva.

Una vez que se efectúe la declaración juramentada a través de internet, la Contraloría notificará la constancia de la recepción al domicilio electrónico señalado. Ese documento también se lo puede obtener en la página web cuando el declarante requiera presentar ante terceros o cuando una autoridad solicite la constancia de que se ha hecho la declaración.

Adicionalmente, de manera opcional y voluntaria, el servidor puede elevarla a escritura pública, es decir, hacerla constar ante un notario. La seguridad de los datos que se registren en línea la regulará la Contraloría.

Este cuerpo legal impactará directamente en los servidores públicos que en cualquier forma o título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Para ellos es obligación presentar la declaración juramentada al inicio y final de su gestión y actualizarla cada 2 años. Mientras que los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Unidad de Vigilancia Aduanera, Comisión de Tránsito, Policías Metropolitanos y Municipales harán una declaración adicional, previo a ascenso o al momento de su retiro.

La vicepresidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, Mónica Brito, recordó que el proyecto  tiene aproximadamente 2 años de tratamiento. Durante ese tiempo se modificó el documento original para que no haya afectación a los derechos de los ciudadanos.

Para ella el principal objetivo de la ley es agilitar el proceso de registro y presentación de las declaraciones patrimoniales juradas. Al referirse al veto del Ejecutivo, señaló que los 2 artículos tienen concordancia y no cambian el espíritu de la norma. El texto entrará en vigencia en enero de 2017.