Transportistas van a la Corte Constitucional

- 16 de mayo de 2018 - 00:00
Foto: Archivo / El Telégrafo

Los transportistas de Quito tenían previsto presentar la tarde del martes 15 de mayo una demanda ante la Corte Constitucional (C.C.), por la resolución del Concejo Metropolitano de suspender el pago de compensaciones a cambio de la congelación de las tarifas.  

El jueves 10 de mayo, el legislativo capitalino decidió dejar de pagar el subsidio de  $ 1.000 mensuales aprobado por el legislativo el 8 de febrero pasado. Esto mientras se realiza una auditoría externa a la aplicación de la primera fase de pago del subsidio, que arrancó en la ciudad en enero de 2015.

Según Jorge Yánez, representante del gremio de transportistas, el Concejo cometió prevaricato al tomar esta decisión. Asegura que la Constitución determina que para que se revoque una resolución de cualquier índole, debe haber una motivación jurídica y cuando no hay esa motivación los autores serán sancionados.

“Fue un proceso legislativo municipal que aprobó el Concejo”, insistió Yánez con respecto a las compensaciones. Agrega que este pago contó con un estudio de tarifas que determinó un pasaje general de $ 0,42.

“Los $ 1.000 no nos están entregando al transporte, se les está entregando a los usuarios para que ellos no paguen el pasaje de $0,42”, afirmó Yánez.

El gremio fue convocado a la Secretaría de Movilidad, donde también estuvo presente -entre varios asistentes- el Gerente del Trolebús y el Director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, para conocer la decisión de los transportistas en torno a la decisión del Concejo.

Yánez dice que no se llegó a ningún acuerdo y, más bien, la reunión consistió en un choque de opiniones.

Los transportistas aseguran que no esperarán a que concluya la auditoría para que se vuelva a dar una compensación o se nivelen las tarifas del servicio.

En la resolución del Concejo no se determina cuánto tardará la inspección contable.

Si no logran una resolución jurídica a su favor, el gremio prevé que el transporte público trabaje solo ocho horas al día. (I)

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