Con este mecanismo el Estado quiere recuperar los $ 112 millones que canceló el viernes

Estado ecuatoriano iniciará acciones de repetición por pago a Chevron

- 24 de julio de 2016 - 15:10
El anuncio se produce dos días después de que el Estado cancelara a Chevron los $ 112 millones por el laudo arbitral.
Foto: Archivo.

La PGE reponsabiliza a jueces y servidores judiciales que no dieron trámite a las causas expuestas por la empresa entre 1991 y 1994 y que derivaron en el laudo.

La Procuraduría General del Estado (PGE) informó que iniciará acciones de repetición contra los jueces y servidores judiciales que estuvieron a cargo de las causas presentadas por Chevron que, según la decisión del Tribunal, incumplieron su obligación de administrar justicia de manera oportuna, razón por la que fue condenado el Estado ecuatoriano.

El anuncio se produce dos días después de que el Estado cancelara a Chevron los $ 112 millones por el laudo arbitral.

El derecho de repetición o acción de regreso es una facultad que permite al Estado ejercer una acción contra del funcionario público que ocasionó pérdidas económicas por culpa grave, negligencia o dolo en el ejercicio de funciones y que en virtud de ello ha hecho que el Estado, previa sentencia ejecutoriada, indemnice al administrado.

En el comunicado, la PGE responsabiliza a funcionarios por la condena del Tribunal Arbitral, cuya decisión concluyó que Ecuador “incumplió el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) suscrito con EE.UU., por una demora indebida por parte de los tribunales que no resolvieron los 7 casos comerciales presentados por la petrolera entre 1991 y 1994".

La PGE recabará del Consejo de la Judicatura información sobre la actuación de jueces y servidores judiciales responsables de tramitar las causas entabladas por Chevron-Texaco.

"La demanda por repetición le permitirá al Estado ecuatoriano recuperar los valores pagados como consecuencia del laudo que ascienden a 96’ 355.369 millones de dólares más intereses", subraya el documento.

ANTECEDENTES

En 2006 la compañía inició el caso conocido como ‘Chevron II’, exigiendo a Ecuador cancelar una indemnización de $ 1.605 millones por no respetar el TBI; 5 años después (31 de agosto de 2011), el Tribunal Arbitral ordenó al país pagar una fracción: $ 96’355.369 millones más los intereses.

La PGE ha insistido en sus alegatos que la ley no es retroactiva, dado que el TBI se firmó en 1993 y que su vigencia empezó 5 años después que Chevron-Texaco abandonara el país.

El país solicitó a la Corte Distrital de la Haya la nulidad de los laudos de jurisdicción, parcial de responsabilidad y final, pedido que fue negado el 2 de mayo de 2012 y ratificado por la Corte de Apelaciones de Columbia (Estados Unidos).

Similar situación ocurrió con otras acciones emprendidas por Ecuador para evitar el pago: el 25 de febrero de 2016 pidió a la Corte Suprema de EE.UU. dejar sin efecto la decisión de la Corte de Apelaciones, pero fue rechazada el 6 de junio.

El pago a Chevron se hizo el viernes 22 luego de que la Corte de Sucumbíos levantó el embargo a sus activos, impuesto tras perder un juicio por contaminación entablado por 30.000 afectados de la Amazonía. (I)

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