La Secretaria Jurídica remitió proyecto para extinción de dominio

- 27 de julio de 2018 - 00:00
Johana Pesántez explica a la titular del Legislativo, Elizabeth Cabezas, la propuesta de ley para la recuperación de activos producto de la corrupción.
Foto: Carina Acosta / El Telégrafo

La secretaria jurídica de la Presidencia, Johanna Pesántez, entregó este viernes 26 de julio a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, el proyecto de Ley para la Extinción de Dominio, informó la agencia Andes.

“Queremos luchar en conjunto y tener un marco normativo para poder, en el menor tiempo posible, recuperar aquellos activos que nos quitó la corrupción”, señaló Pesántez en el acto.

Indicó que la propuesta tiene como finalidad la recuperación, repatriación y extinción del dominio de bienes de origen ilícito. Además se busca luchar entre las instituciones del Estado para tener un marco normativo que permita “recuperar los activos que nos quitó la corrupción”.

Para la titular del Legislativo, estas son señales claras de que “el trabajo y afán de combatir los actos de corrupción son decisiones de todos los poderes del Estado”.

Tras la recepción del proyecto de ley este deberá ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que lo remitirá a la comisión que consideren pertinente para su tratamiento. Se prevé que la Comisión de Justicia analice la ley.

En el Legislativo ya existe una propuesta de Ley de Extinción de Dominio, presentada por el exfiscal del Estado, Carlos Baca Mancheno, en diciembre de 2017.

En el Informe a la Nación del 24 de mayo pasado, el presidente Lenín Moreno anunció la elaboración de un proyecto de ley para la extinción de dominio, por la necesidad de recuperar los bienes fruto de la corrupción, para los ciudadanos.

El Mandatario señaló en esa ocasión que el objetivo es revertir al Estado los bienes y recursos producto del narcotráfico, corrupción y lavado de activos, en compensación por el daño al país.

Según la legislación internacional, la extinción de dominio es un institución jurídica dirigida contra los bienes de origen o destinación ilícitos. Además es considerada como una respuesta eficaz contra el crimen organizado, ya que su núcleo radica en la persecución de toda clase de activos que integren la riqueza derivada de la actividad criminal. (I)

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