La reforma a la Ley de Comunicación tiene pista abierta en la Asamblea

- 24 de septiembre de 2018 - 00:00
Foto: Archivo / El Telégrafo

Las principales fuerzas legislativas coinciden en la renovación del cuerpo legal. Todavía en algunos puntos hay controversia, uno de los más importantes es el de las facultades de la Defensoría del Pueblo para tramitar las quejas.

El presidente de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea, Jorge Corozo (Alianza PAIS), no adelanta una evaluación sobre las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, que preparó esta mesa legislativa. Él sostiene que los periodistas y la ciudadanía deben calificar el trabajo.

En tres meses, la comisión condensó 14 proyectos legales y 80 criterios de organizaciones sociales, educativas, dueños de medios de comunicación, empresarios y reporteros, para esta nueva ley.

A inicios de mes, la mayoría de siete legisladores, de Alianza PAIS, CREO y Pachakutik, aprobó los cambios de la normativa. Solo los representantes del bloque de la Revolución Ciudadana, Marcela Holguín, José Chalá y Carmen García, no suscribieron el texto de sus compañeros.

No obstante, existe una mayoría de apoyo. Esta tendencia parece que se mantendrá en el primer debate del pleno de la Asamblea, previsto para mañana.

Alianza PAIS, la mayor fuerza política en la Asamblea, tuvo un taller la semana pasada y se reunirá hoy para conocer los detalles de la reforma. Ximena Peña, su coordinadora, asegura que hay temas que deben mantenerse como la mayor participación de sectores sociales y los espacios interculturales.

Pero menciona que otros deberán ser mejorados y el primer debate del pleno de la Asamblea es el momento oportuno.
En la otra orilla política Jeannine Cruz, asambleísta de CREO y parte de la Comisión de Derechos Colectivos, coincide en que aún hay temas que deben ajustarse.

Ella resalta cambios en la eliminación del concepto de comunicación como servicio público, que fue el tablón donde se asentaron las sanciones a los medios.

Destaca la protección que debe otorgar el Estado y los medios de comunicación a los periodistas encargados de las investigaciones en casos de narcotráfico, contrabando, trata de personas y corrupción.

Pero Cruz tiene sus dudas sobre las funciones entregadas al Consejo de Comunicación y a la Defensoría del Pueblo para tramitar las demandas de ciudadanos que se sientan afectados por los medios de comunicación.

Un criterio similar tiene el coordinador de la bancada del PSC, Henry Cucalón, quien resalta el ánimo de cambiar la ley y de concienciar sobre las consecuencias contra la libertad de expresión. Él presentará una propuesta en el pleno, en la que pedirá que se precise entre varios artículos los relacionados con los códigos deontológicos para los medios y las competencias sobre el Consejo de Comunicación.

En cambio, Marcela Holguín, vicepresidenta de la comisión y de la bancada de Revolución Ciudadana, destaca que existan menos voces que hablen de eliminar la ley.

También ve positivo que se otorgue más espacio a la ciudadanía en el Consejo de Comunicación, que se eliminaron las sanciones económicas a los medios y que se respete la tabla salarial de los trabajadores de la comunicación.

Critica los artículos sobre la autorregulación de los medios. “Si pensamos en una autorregulación, para qué insistimos en la Ley de Comunicación”.

Advierte que es peligroso reducir las instancias alternativas a la vía judicial para solucionar las demandas contra los medios. Esto puede ocurrir con la eliminación del defensor de audiencias. Una figura que, a su criterio, podría ser un mediador.

En esa misma línea se encuentran 12 organizaciones sociales, lideradas por la Conaie, que avalan las reformas, pero que piden cambios.

En un comunicado público difundido el viernes pasado aseguraron que apoyan las reformas para ampliar la participación ciudadana en el Consejo de Comunicación.

Destacan que la división del espectro radioeléctrico no haya cambiado y se mantenga en partes iguales para medios públicos, privados y comunitarios.

No obstante, este colectivo evidencia falencias. Por ejemplo, que se quieran renovar automáticamente las frecuencias o la reducción de espacios para los artistas nacionales en los medios considerados tradicionales. También criticado por Holguín. Ella cree que debe el 30%.

Las organizaciones sociales aseguran coincidir en el temor de las nuevas atribuciones de la Defensoría. (I)

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