Juicio político contra el exprocurador se levanta bajo cinco cargos

- 05 de noviembre de 2018 - 20:37
Los miembros de la Comisión escuchan la ponencia de Mae Montaño.
Cortesía

La Comisión de Fiscalización inició este lunes la etapa de prueba de cargo y de descargo en el juicio político en contra de Diego García, exprocurador General del Estado. Esto, tras el proceso solicitado por Mae Montaño, asambleísta independiente.

En su exposición, Montaño ratificó que el exfuncionario perjudicó los intereses del país con sus fallos, al facilitar el retorno de la compañía Odebrecht, pese a las glosas que tenía en su contra por parte de la Contraloría.

De acuerdo a información difundida por la Asamblea Nacional, la legisladora sustentó el enjuiciamiento en cinco cargos: arrogación de funciones y desviación de poder; incumplimiento de las funciones de representación judicial y patrocinio del Estado; incumplimiento de la función de patrocinio del Estado en el marco de la función para transigir; incumplimiento de la función de asesoramiento jurídico; incumplimiento de la función para administrar de manera eficiente la entidad.

Según Montaño, García, como procurador, favoreció a Odebrecht y no a los intereses del país, además, de la negligencia manifiesta al dejar al Estado ecuatoriano en indefensión, en el juicio al exvicepresidente Jorge Glas, al no acudir a la audiencia de formulación de cargos y, en su lugar, envió a un delegado, quien llegó tarde a la referida diligencia judicial, causa que fue declarada en abandono.

Respecto del pronunciamiento sobre la permanencia en sus cargos de algunos de los vocales del anterior Consejo Nacional Electoral, la legisladora Montaño aseguró que conforme la sentencia emitida por la Corte Constitucional el 2 de abril de 2015, el Procurador solo podía pronunciarse sobre aspectos infraconstitucionales, es decir, en temas no relacionados con disposiciones de la Carta Suprema y, al absolver la consulta del secretario de la Presidencia de la República, Eduardo Mangas, en noviembre de 2017, se escuda en el artículo 24 del Código de la Democracia, sin embargo, en el fondo, interpreta una norma constitucional, facultad exclusiva de la Corte.

Igualmente, recordó que hubo gastos elevados de fondos de la Procuraduría para la edición y promoción de un libro y una película personales de Diego García, lo cual no se compadece con la obligación que tenía como servidor público de administrar los recursos de manera adecuada y eficiente.

Así mismo, Mae Montaño indicó que el exprocurador pagó ingentes recursos a bufetes de abogados en Estados Unidos y Europa para que representen al Estado ecuatoriano en procesos legales, sin que se haya ganado ninguna de esas causas.

Como contraparte, María José Carrión, presidenta de la Comisión, conoció varios oficios remitidos por el exprocurador, mediante los cuales remitió algunas pruebas de descargo y solicitó que se actúen pruebas de oficio, a fin de que el organismo cuente con elementos de juicio que permitan conocer el trabajo cumplido durante su período como abogado del Estado ecuatoriano. (I)

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