La ley contra la drogas pasará ahora al ejecutivo para su revisión

El Consep se transformará en una secretaría

- 02 de octubre de 2015 - 00:00
La norma aprobada obliga al Estado a diseñar una política de prevención contra el consumo de drogas. Foto: Archivo

La ley contra la drogas pasará ahora al ejecutivo para su revisión

Con 92 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización.

La normativa reforma el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que abarca las penas por tráfico de drogas, específicamente en el numeral 1, literales A y B. Allí se establece un incremento en la pena de prisión por tráfico de sustancias ilícitas.

Este proyecto contempla también una nueva institucionalidad para el combate del tráfico de drogas. Es así que desaparece el Consejo Nacional de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes (Consep).

En su lugar se crearía  la Secretaría Técnica de Drogas y un Comité Interinstitucional; dicho organismo se encontraría adscrito a la Presidencia de la República.

Antes de la reforma, los traficantes a pequeña escala recibían penas de entre 2 y 6 meses de prisión. Ahora, la pena es de entre 1 y 3 años de cárcel.

En cambio los traficantes de  mediana escala  que antes podían recibir de entre 1 y 3 años de pena privativa de libertad, ahora enfrentarían de 2 a 5 años.  

“Tenemos que ponernos a pensar en la vida de los jóvenes que han fallecido por esa causa. Pensar en el sufrimiento de sus padres. Esta es una forma de decir no al microtráfico porque queremos proteger a esta población vulnerable”, dijo William Garzón (PAIS), presidente de la Comisión de Derecho a la Salud y ponente del proyecto.

La norma, defendieron sus autores, aborda la problemática desde una perspectiva integradora, que reconozca los enfoques y realidades nacionales y amplíe la ubicación del fenómeno de las drogas en el contexto socioeconómico.  

La asambleísta por Guayas (PAIS) y miembro de la comisión legislativa, Alejandra Vicuña, consideró a la norma como positiva, pero advirtió sobre la necesidad de una atención integral de toda la sociedad. “Es importante que la ciudadanía comprenda que esta herramienta legal es un instrumento importante y eficaz en la medida en que todos los actores asumamos nuestro rol”, afirmó.

La legisladora indicó que las autoridades educativas, el sistema de la salud y las familias serán los que propicien las condiciones para que la prevención se articule en todo el país.  

El proyecto contempla como mecanismos para la prevención del uso y consumo de drogas el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e inclusión social; y reducción de riesgos y daños.

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La ley obliga a que los centros terapéuticos cuenten con profesionales especializados, protocolos de buenas prácticas y programas de atención. Para las personas mayores de edad el tratamiento será voluntario, salvo los casos previstos en la ley. Las personas no podrán ser discriminadas por su condición de  consumidoras.

Además establece la obligación del Estado de prestar servicios de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a consumidores ocasionales, habituales y problemáticos de drogas.   

Garzón señaló que toda reforma legislativa y más aún aquellas de carácter penal responden a una necesidad social. De hecho, en los diálogos emprendidos por el Gobierno, las drogas son un tema recurrente. Los padres de familia se quejaban de que los policías y profesores tenían  las manos atadas frente a este problema.

En esa línea, Garzón contó que el proyecto ha recogido los aportes y los criterios que se han dado a lo largo del período de socialización, por personas e instituciones calificadas.

La Constitución de Montecristi estipuló la no criminalización de los consumidores y el respeto a sus derechos constitucionales, pero también determinó como derecho de los niños y como obligación del Estado adoptar medidas de prevención. (I)

DATOS

El documento contiene 43 artículos, 9 disposiciones generales, 17 transitorias, 3 reformatorias, 4 derogatorias y 1 disposición  final para su vigencia en el Registro Oficial.

La Ley entraría en vigencia después de 90 días a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Pero eso tomará aún un tiempo. El proyecto primero debe ir al Ejecutivo, donde podrá ser promulgado o vetado. En este último caso, el texto regresa al Legislativo para un debate final. En ese momento sería promulgada en el Registro Oficial.

Los programas, según establece la nueva norma, estarán enfocados en la atención prioritaria de las mujeres embarazadas, niños, adolescentes y jóvenes. Se crearán también programas específicos para la generación de campañas en los planteles educativos.

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