“El autoritarismo aumenta la corrupción”

- 04 de febrero de 2018 - 00:00
Alejandro Urizar, Consejero Regional de Transparencia Internacional para América Latina.
Foto tomada de la web de la OEA

“Es necesario aumentar los niveles de transparencia de la gestión de la justicia, es una medida adicional para combatir la corrupción”, dice el delegado del organismo. Además se requieren reformas estructurales que fortalezcan la tarea de investigación penal del Ministerio Público.

Está en la Secretaría Internacional de Berlín. Desde la capital alemana habló por teléfono con Diario EL TELÉGRAFO sobre cómo combatir la corrupción en Ecuador.

Alejandro Urizar, consejero regional de Transparencia Internacional (TI) para América Latina,  dice que no basta la persecución. Hay que crear condiciones para que esos actos no se repitan, explica.

Según él, los gobiernos de la región no han sido eficientes en la lucha contra ese flagelo. “Se ha avanzado gracias a la sociedad civil y los medios de comunicación que han denunciado la corrupción”.

¿Es necesario fortalecer el sistema judicial para evitar delitos de corrupción?

Hay una serie de medidas para ello. La primera es establecer un sistema de carrera judicial, objetivo, meritocrático. La segunda es garantizar un proceso de independencia en selección de las más altas autoridades en el sistema de justicia, magistrados o jueces de cortes. El tercer elemento es garantizar la independencia financiera y la sustentabilidad de la justicia.

¿Qué peso tiene la transparencia en la selección de autoridades de justicia y de su trabajo?

Aumentar los niveles de transparencia de la gestión de la justicia es una medida adicional para combatir la corrupción. No me refiero a la información confidencial de los casos, sino a la evaluación de desempeño de los jueces, la distribución de casos, el  tiempo para resolver y el tiempo que demora un proceso judicial. Eso es una presión de la sociedad hacia los funcionarios judiciales. También se requieren reformas estructurales que fortalezcan la tarea de investigación penal, del Ministerio Público y de la Policía.

Pero ¿cómo lograr esto en un país donde hay jueces y magistrados que han sido manejados por el poder político?

Es contradictorio e imposible que un sistema de justicia esté filtrado por intereses políticos del Gobierno de turno. Normalmente por eso se da el  tráfico de influencias que afecta el desempeño de los administradores de justicia.

¿Qué pasa si en la selección de los altos funcionarios de la justicia hay vínculos de amistad o partidistas entre el Gobierno y esa función?

El sistema de justicia necesita independencia financiera y política. Los niveles de discrecionalidad se acumulan en los procesos de selección para los cargos en la justicia. Pero estos deben ser meritocráticos, públicos, abiertos a la ciudadanía para romper ese vínculo entre la política y la justicia. Sin esa separación de funciones y de poderes es prácticamente imposible perseguir la corrupción.

TI dice que en América Latina es necesario eliminar la inmunidad política para que esos crímenes de corrupción no queden en la impunidad.

El origen de la inmunidad para ciertos cargos políticos fue una norma para proteger la función pública, no al funcionario. Lo que busca esa disposición es evitar que cada vez que haya una acusación a un legislador, este deje sus funciones para responder a la justicia. Se supone que esos representantes están en el huracán político y pueden ser objeto de acusaciones falsas.

Pero ¿cuál es el problema en esa medida?

La medida en sí no es negativa, el problema es el abuso de la inmunidad. Los pesos y contrapesos son indispensables en la administración de justicia. Cuando las distintas partes del sistema político responden al interés de un partido, será imposible levantar la inmunidad para que se investigue a los funcionarios por corrupción. Allí se inicia el abuso de la inmunidad porque se protege a los funcionarios y no a la función pública.

En el gobierno de Rafael Correa el asambleísta  de oposición Cléver Jiménez y su asesor Fernando Villavicencio  denunciaron casos de corrupción. Pero el exmandatario ecuatoriano los acusó de no tener pruebas y los persigue hasta hoy. ¿Cómo proteger a los denunciantes?

En un sistema que concentra el poder en pocas manos y hay discrecionalidad para la administración de justicia, los riesgos de corrupción incrementan potencialmente. Nadie va a cometer un acto de corrupción y va a salir a gritarlo a los cuatro vientos. ¿Por qué? Los sistemas autoritarios son opacos y hay que crear normas y reformas estructurales para formar contrapesos y que unos vigilen a los otros. No solo desde la perspectiva política, sino institucional.

¿Cuál es la recomendación para esos casos?

Construir una institucionalidad donde haya independencia de funciones y reducir la concentración del poder al máximo.

¿Qué tan conveniente es tener canales accesibles y anónimos para proteger a los denunciantes?

La situación de Ecuador no es distinta a la de otros países. Según TI, solo 1 de cada 10 ciudadanos acepta que ha denunciado actos de corruptos, eso significa que el 90% de ciudadanos no denuncia la corrupción. El 28% de esos ciudadanos dice que ha sufrido represalias. Es una situación regional, hay que tener sistemas de protección para los denunciantes.

Hay la  muerte civil para casos de corrupción. Pero los adeptos al exmandatario creen que es demasiado...

La persecución penal y el castigo a los corruptos son  ineludibles para combatir la corrupción en la región. Pero no hay que perder la perspectiva ni olvidar que el 50% de esa lucha está en tratar de reformar leyes y crear instituciones y una dinámica social que eviten que esto vuelva a suceder. (I)

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