El mandatario rechazó que se haya otorgado protección a los sentenciados

“Aquí no hay que negociar nada, solo respetar la ley” (VIDEO)

- 30 de abril de 2014 - 00:00
El presidente Rafael Correa ofreció ayer un conversatorio a los medios de comunicación en el Ministerio del Deporte, en Quito. Foto: Cortesía de la Presidencia de la República.

El mandatario rechazó que se haya otorgado protección a los sentenciados

Como un precedente nefasto calificó ayer el presidente de la República, Rafael Correa, si se acepta la decisión de la comunidad sarayaku de dar protección en su territorio a los ciudadanos Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, quienes fueron sentenciados por la justicia ecuatoriana a 18 meses de prisión, por el delito de injurias.

“Sería un precedente nefasto, aquí no hay que negociar nada, lo que se debe hacer es respetar el estado de derecho, respetar la autoridad legítimamente constituida al aplicar una sentencia de los tribunales del Ecuador”, manifestó el Jefe de Estado.

Durante el conversatorio que se desarrolló en las instalaciones del Ministerio del Deporte, Correa consideró que la acción, según dijo, de ciertos dirigentes de la comunidad indígena de Pastaza es política y no tiene nada que ver con sus derechos ancestrales.

VIDEO

También se refirió a las disculpas que estaría presentando Fernando Villavicencio, uno de los sentenciados. “Qué bueno que haya empezado a reconocer que hicieron algo malo, porque hasta ayer (lunes) unas declaraciones de (Cléver) Jiménez dicen que no ha hecho nada malo, o sea ya no es inmoralidad sino una amoralidad, no saber la diferencia entre el bien y el mal”.

En efecto, Villavicencio dijo en el reportaje: “es posible que hayamos cometido errores, es posible, yo me confieso y digo es posible ¿por qué firmé esa denuncia si no es mi fuerte, si mi fuerte es el petróleo, mi fuerte son los recursos naturales? (...) yo estoy preparando una disculpa para el presidente Correa”.

También cuestionó un reportaje emitido en el canal Ecuavisa, en el cual, sostuvo, se muestra a los sentenciados como asilados políticos dentro de un país soberano.

De allí que reiteró que ojalá se entienda lo que eso significa, que es prácticamente atentar contra el “propio estado de derecho, es una barbaridad extremadamente grave”.

Con ello, explicó que lo que se proclama es un Estado soberano dentro de Ecuador, porque (algunos dirigentes sarayaku) se creen con la capacidad de desconocer una sentencia de un tribunal del país.

Como ejemplo citó que si eso ocurre, en otro momento, la misma comunidad u otra se creerá con derecho de otorgar refugio a cualquier otro sentenciado por la justicia ecuatoriana y no se puede aplicar la sentencia, es terrible lo que está pasando”.

Inredh pide acatar sentencia

Mientras tanto, en un comunicado la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) exhortó a Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa a acatar la sentencia emitida por la jueza Lucy Blacio, de la Corte Nacional de Justicia.

En el documento, firmado por la presidenta Beatriz Villarreal, sugirió que, en acuerdo con los abogados defensores de las personas mencionadas, propusieran a la Corte Nacional de Justicia, al Consejo Nacional de la Judicatura y al Ministerio de Justicia, que se disponga el cumplimiento de la sentencia con restricción de movilidad y trabajo comunitario en sarayaku.

Exhortó al Presidente de la República a aceptar la solución del caso y que “no es momento de ahondar las diferencias, sino de buscar alternativas que puedan satisfacer medianamente a las partes involucradas en este conflicto”.

Mientras tanto, el asambleísta por el movimiento Pachakutik, César Umaginga, manifestó que el territorio sarayaku está protegido por las medidas cautelares que le otorgó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que responsabilizó al Gobierno, si se llegase a producir el ingreso de elementos de las Fuerzas Armadas a esa zona para detener a Jiménez, Villavicencio y Figueroa.

Datos

El territorio sarayaku ocupa 135 mil hectáreas, en la provincia de Pastaza, que fueron adjudicadas en 1992 por el gobierno de Rodrigo Borja.

La parroquia sarayaku abarca además cerca de 18 comunidades de las nacionalidades quichua, zápara y achuar.

La instancia más importante para la toma de decisiones de la nacionalidad sarayaku es la asamblea comunitaria en la que pueden participar todos los miembros de la asociación.

El pueblo en asamblea toma las decisiones y los mandatos que se deben cumplir.

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