La Policía y la Fiscalía allanaron tres inmuebles en quito que son propiedad de los implicados

Excolaboradora de Ramiro González fue detenida por supuesto enriquecimiento ilícito

- 05 de agosto de 2017 - 00:00
Personal de la Policía y de la Fiscalía allanaron ayer tres inmuebles, uno de ellos en la urbanización Quito Tenis, al norte de la capital de la República.
Foto: Mario Egas / EL TELÉGRAFO

María Sol L. y su esposo Marcelo E. fueron aprehendidos en el aeropuerto de Quito cuando intentaban viajar a los EE.UU. Su abogado niega que hubieran tratado de escapar.

El 2 de marzo del año pasado, Ramiro González acudió al Consejo Nacional Electoral (CNE), ubicado en el centro-norte de Quito.  Su objetivo fue entregar 70.000 firmas de afiliación al movimiento político Avanza, que había creado el 22 de marzo de 2012.

González estuvo acompañado de John Argudo, secretario del partido, y de María Sol L., vicepresidenta de la agrupación política.

La mujer fue detenida por miembros de la Policía anteanoche en el aeropuerto Mariscal Sucre, junto con su esposo, Marcelo E., cuando se disponían a viajar a los EE.UU.

La Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía anunció que investiga a la pareja por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Ayer a las 16:30, en la Unidad de Flagrancia, al norte de Quito, se dio la audiencia de formulación de cargos contra María Sol L. La fiscal Claudia Romero solicitó a la jueza Luz María Serrano que se interpongan medidas cautelares contra la detenida, entre ellas la privación de la libertad, incautación y la prohibición de enajenación de bienes.

Serrano ordenó la apertura, por 90 días, de la instrucción fiscal y dispuso la prisión preventiva para María Sol L. Respecto a la incautación y enajenación de bienes, solicitó a la Fiscalía que determine cuáles entrarían en este proceso.

Una hora y media después inició la audiencia de formulación de cargos contra Marcelo E., esposo de la detenida, quien también quedó con prisión preventiva.

La investigación contra María Sol L. se inició basándose en el informe emitido por la Contraloría General del Estado tras un examen especial realizado a las declaraciones patrimoniales de la mujer. No se pudo identificar el origen de los fondos con los que adquirió dos inmuebles. Las declaraciones patrimoniales estaban en manos del Estado pues ella ocupó varios cargos públicos.

Fue directora general del hospital Carlos Andrade Marín; coordinadora nacional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); asesora del despacho del Ministerio de Industrias y Productividad; coordinadora de Planificación del Ministerio de Industrias. Todo esto entre 2010 y 2015, parte del período en el que González ocupó la presidencia del IESS y fue titular de la cartera de Estado.

Como parte del proceso, la fiscal Claudia Romero ordenó allanar tres inmuebles en la capital: uno en Solanda, en el sur, donde funciona una clínica de diálisis; un departamento en el exclusivo barrio Quito Tenis y una vivienda en la parroquia San Antonio de Pichincha. Estos dos últimos predios ubicados en el norte.

En los tres lugares se recabaron evidencias como facturas, documentos de afiliados del IESS, joyas, cajas de contabilidad de diversas empresas, dinero, certificados de inversión y más.

Luis Fernández, abogado de la pareja, señaló que la detención de sus clientes fue arbitraria y acusó a la Policía de hacer uso excesivo de la fuerza en la acción. Según el profesional, sus defendidos no iban a huir del país, sino que viajarían al país norteamericano para atender temas personales de negocios.

Sobre el informe de Contraloría, aseguró que no existe ninguna ilegalidad y que todas las transacciones de los esposos están justificadas.

La clínica de diálisis allanada está relacionada con denuncias de supuestas irregularidades hechas públicas a través de la prensa en 2009. El 15 de abril de aquel año, Marcelo E. firmó un convenio con la seguridad social para que el grupo de diálisis Contigo se encargara de realizar el procedimiento médico a afiliados y jubilados.

Para entonces, el contratista llevaba 11 años de matrimonio con María Sol L., quien se desempeñaba como directora del hospital del IESS en Quito. El grupo Contigo poseía, entonces, tres clínicas: un centro de diálisis ubicado en la zona de la 18 de Septiembre y Versalles (centro-norte); una en el norte, en la av. El Inca, entre Amazonas y 10 de Agosto; y el lugar allanado ayer.  

Datos del IESS revelaron que los tres centros Contigo cubrían al  25% de los 900 pacientes renales que el IESS registraba en Quito. Según la misma fuente, en 2008 cobraron $ 3,5 millones y en el primer trimestre de 2009 recibieron alrededor de $ 1 millón.

Ante el surgimiento de las denuncias, González y la hoy detenida acusaron a Jarvey Rivadeneira, encargado del control de los convenios del organismo de seguridad social, de escandalizar con este tema.

En enero de 2010, la exfuncionaria fue citada por la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional para que explicara las denuncias sobre la supuesta supresión del  área de Psiquiatría del hospital y las hipótesis de irregularidades en la adquisición de equipos médicos.

En junio de 2012, la propia imputada por supuesto enriquecimiento ilícito denunció el robo de $ 1,3 millones cometido en el hospital Carlos Andrade Marín a través de la adquisición de insumos. María Sol L. aseguró el 22 de junio de aquel año que las anomalías se presentaron desde 2009 hasta 2011.

El actual presidente del directorio del IESS, Richard Espinosa, anunció ayer que el organismo instaló un centro de recepción de llamadas (call center) para recibir denuncias de corrupción.

En los últimos años la Contraloría ha ejecutado 420 auditorías a la institución. Producto de ello, cuatro directores de hospitales han sido separados de su cargo. A estas personas se les abrieron sumarios administrativos. Y otras cinco fueron destituidas de forma directa.

Asimismo, 34 directores de área del Seguro Social fueron separados de la institución. Dos de ellos tienen denuncias en la Fiscalía y procesos en la Contraloría General.

En total, se han producido 447 desvinculaciones de funcionarios de distintos rangos desde el año 2015. (I)

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