El informe de la Procuraduría reveló que el proceso de compra violó la Ley de Contratación

El antiguo mando militar defendió contrato entre el MAE y el Issfa

- 06 de febrero de 2016 - 00:00
Antes de ser cesado, el anterior jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. ofreció una declaración en la sala de guerra del Ministerio de Defensa.
Foto: Miguel Jiménez / El Telégrafo

Para ellos no había irregularidades en la venta de lotes del parque Samanes. El general Luis Garzón apareció junto con los anteriores comandantes de fuerza.

La última acción del anterior mando militar fue criticar el débito de $ 41 millones al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa). El entonces jefe del Comando Conjunto, Luis Garzón, pidió al Gobierno que se respeten los recursos.

La reacción de los militares llegó un día después de que Patricio Barriga, secretario de Comunicación, anunciara que la cartera de Finanzas debitará $ 41 millones al Issfa que pagó demás el Ministerio del Ambiente (MAE) en la compra de 66 lotes de terrenos ubicados en el parque Samanes, en Guayaquil.

En una conferencia de prensa -en la que no se dio paso a preguntas- Garzón citó el artículo 372 de la Constitución, el cual señala que los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios y distintos de los del fisco y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Según la normativa, “ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio”.

La conferencia de prensa se realizó en presencia de las autoridades de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Todos se enlazaron en videoconferencia para escuchar el pronunciamiento de su superior. En la sala también estuvieron los miembros del Consejo Directivo del Issfa, el coronel en servicio pasivo Bolívar Silva y el suboficial primero en servicio pasivo Alejandro Valverde.

Garzón señaló que las 3 ramas de las FF.AA. dan por sentado que el proceso de compra-venta de los terrenos de Samanes fue un acto jurídico con plena validez. “Defendemos la posición institucional de que las partes respeten el acuerdo suscrito voluntariamente por las 2 instituciones, pues ningún órgano competente ha declarado lo contrario, toda vez que ese contrato no tuvo ni tiene vicio alguno”.

El secretario de Comunicación advirtió el pasado jueves que dicho contrato podrá ser glosado por la Contraloría General del Estado, ya que por esos predios se pagaron más de $ 48 millones, lo que significan $ 41 millones demás y que “deben ser devueltos al pueblo ecuatoriano”.

Frente a esta posición, Garzón dijo estar seguro de que “la Contraloría y los órganos competentes otorgarán la razón al Issfa”. “Los recursos de la Seguridad Social Militar le pertenecen a los soldados en servicio activo y pasivo y a sus familias por lo que es obligación del Estado su protección y preservación”, expresó.

El miércoles pasado, un grupo de militares en servicio pasivo, encabezado por el exasambleísta Fausto Cobo, protestó en el Ministerio de Defensa. Los simpatizantes intentaron romper el cerco policial que custodiaba el edificio. (I)

Rivera insta a no politizar tema

"No se afectarán pensiones del servicio pasivo"

El ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, enfatizó que en ningún caso se “afectarán las pensiones del personal retirado de las FF.AA.”. Reafirmó que la transacción de la venta de los terrenos de Los Samanes, en Guayaquil, no cumplió con la ley.
En total $ 41’090.491 deberá debitar el Ministerio de Finanzas para entregárselos a la cartera del Ambiente, que fue la que compró los lotes. “Se ha solicitado al Ministerio de Finanzas tomar todas las medidas a fin de cumplir lo ordenado por el procurador del Estado, y se devuelva la cantidad de $ 41’090.491 al MAE”, dijo el ministro del Ambiente, Daniel Ortega.
Señaló que el Gobierno es respetuoso del artículo 370 de la Constitución, que garantiza los pagos a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y confirmó que el Ministerio de Finanzas cumplirá con las obligaciones.
Ortega manifestó que el equipo jurídico de esa cartera de Estado mantuvo  reuniones con los abogados del Issfa para analizar los mecanismos que permitan cumplir lo dispuesto por el procurador General del Estado, pero “no se ha podido llegar a un acuerdo”.
Por ello, el Ministerio solicitó a Finanzas “para que tome las medidas pertinentes a fin de que se cumpla lo ordenado con el procurador”.
Rivera señaló que el Estado se relaciona con el Issfa, en virtud de que es patrono único de las Fuerzas Armadas. Comentó que “al momento hay atrasos por $ 260 millones que se refieren a contribuciones del Estado con esta entidad”. Manifestó que “el Ministerio de Finanzas y el Gobierno Nacional cumplirán con estas obligaciones de conformidad con la programación de caja del presente año”.
Dijo que será la Contraloría del Estado, como órgano de control, que velará porque el uso de los recursos públicos se ciña a lo establecido en la ley. “Las autoridades esperarán la resolución del contralor para definir los detalles legales sobre esta devolución”, indicó.       
De la misma manera, Rivera instó a los sectores políticos de oposición a no utilizar este tema como plataforma electoral, cuando es un asunto estrictamente jurídico. (I)
Lectura estimada:
Contiene: palabras
Visitas:
Enlace corto: