La inequidad en el sector farmacéutico se ha denunciado en reiteradas ocasiones por los propietarios de pequeños locales. Muchos han cerrado porque la competencia de las grandes cadenas absorbió sus clientes.

La deslealtad ocurre porque las distribuidoras hacen descuentos adicionales por volumen de compra a las grandes cadenas, y éstas a su vez rebajan los precios al consumidor final.

Además, los farmacéuticos más pequeños denuncian la falta de cumplimiento de la ley por parte de las distribuidoras, pues venden con descuentos a los clientes y no solo al por mayor.

Según el Estudio de Concentración Geográfica de Farmacias, elaborado por la Superintendencia de Control de Poder del Mercado (SCPM), en los últimos 13 años cerraron más de 2.500 farmacias, absorbidas por los grandes grupos farmacéuticos del país. Entre las empresas más grandes están Farmaenlace, Grupo Difare, Leterago, Quifatex, Farmacomed y Grupo GPF.

La queja es que estos negocios no solo son distribuidores sino que también tienen farmacias que venden directamente al consumidor.

Para frenar esta situación la SCPM creó el Código de Ética para Establecimientos Farmacéuticos integrados verticalmente. Este instrumento fue elaborado mediante los aportes de los actores del sector. La norma está dirigida a todos los operadores económicos del negocio.

La adhesión al código es voluntaria y el objetivo es comprometerse a no incurrir en prácticas anticompetitivas que vulneren los derechos de los consumidores, usuarios y el mercado en general. Estas irregularidades las analiza la Superintendencia.

Mientras se aprueba el Manual de Buenas Prácticas para este grupo económico, que será de cumplimiento obligatorio, la entidad busca hasta tanto que voluntariamente los actores lleguen a acuerdos. Por eso la norma hace un año está en manos de la Junta de Regulación, conformada por los ministerios del ramo de la Producción.

DATOS

El artículo 169 de la Ley de Salud estipula que “la venta de medicamentos al público al por menor solo puede realizarse en  establecimientos autorizados para el efecto (farmacias)”.  

Entre las cláusulas contempladas en el Código de Ética se encuentra una en la que las grandes cadenas se comprometen a no realizar ninguna clase de discriminación entre farmacias para la venta de productos, establecimientos de precios, promociones, condiciones de pago, entre otras situaciones que puedan causar una condición desigual entre farmacias propias o franquiciadas, lo que generaría una irregularidad.Uno de los grandes logros se dio en julio pasado en el Congreso de Salud que se realizó en Esmeraldas, en donde los representantes del Grupo GPF y Farmaenlace sucribieron el código de ética y como observadores estuvieron las farmacias independientes del país. La primera es responsable de las cadenas Sana Sana y Fybeca y la segunda maneja Económicas y Medicity. Pero quienes firmaron solo representan 2 de los 6 grandes grupos.

El superintendente Pedro Páez explicó que se trata de una herramienta que surge del compromiso de las partes y es una muestra de transparencia. Lo que se quiere posicionar es “la visión de que nadie está por encima de la ley”, afirmó. Y enfatizó que “tenemos interés de que el mercado sea transparente y competitivo”.

René Viteri, dirigente de las farmacias independientes, recalcó la trascendencia del acuerdo y resaltó que hace 15 años en el mercado farmacéutico se registra una lucha desigual contra grandes poderes económicos. “Las farmacias populares estábamos desesperados, todos sabían lo que pasaba, pero todos hacían mutis”, criticó.

Otro de los problemas era que en las ciudades más pequeñas se vendían medicamentos caducados con publicidad engañosa.

Una de las herramientas de control que se han implementado en este sector es la incursión de los Comités de Usuarios. El campo de acción de los ciudadanos organizados es identificar los sitios en donde se venden medicamentos caducados. “En ciudades grandes, como Quito y Guayaquil, los productos que estaban por caducar se enviaba a ciudades pequeñas. Las personas no tienen la costumbre de verificar la fecha de caducidad”, recalcó Christian Ruiz, intendente general de la SCPM.

La Ley de Salud obliga que cerca de 30 días antes de caducar los medicamentos deben retirarse del mercado, pero por lo general esto no se cumple. De allí la importancia de la verificación ciudadana.

Ruiz afirmó que quienes aplican prácticas irregulares en el mercado deben obligadamente cesar con la práctica. Pero que más allá de una sanción se busca generar un orden. “En muchas ocasiones son los abogados asesores quienes dilatan el proceso, porque cobran mensualmente sus honorarios y dilatan el proceso lo que más pueden”, dijo.

Otra herramienta implementada son los contratos de cese, que incluyen un compromiso de parte de los operadores que han incurrido en la falta y se les impone un monto de subsanación.

Pero si los empresarios no se acogen a este beneficio en cualquier momento la Superintendencia actuará de oficio y producto de esto se fija una multa.

La encargada de sancionar es la Comisión de Resolución. El castigo puede ser entre el 8% y 12% de las ventas anuales del operador. “Instamos a que el operador suscriba el convenio para evitar la multa, resaltó Ruiz.

Anomalías en Guayaquil

En Guayas 212 boticas agrupadas en la Asociación de Farmacias (Asofar G), que reúne a 102 socios,   denunciaron una práctica desleal en el mercado.

Este caso se registra particularmente en Guayaquil. Edison Marriot, vicepresidente del grupo, contó que es de conocimiento público la zona en donde están asentadas las distribuidoras en el centro de la urbe.

El problema es que en el sitio se vende directamente al consumidor lo que perjudica a los dueños de las pequeñas farmacias.

Según Marriot, cerca de 400 establecimientos en Guayas no están en la asociación y de estos el 80% se encuentra en Guayaquil.

Los pequeños emprendedores se sienten impotentes al no poder competir con los grandes comerciantes. “No es justo, ellos (distribuidores) incumplen el artículo 259 de la Ley de Salud vigente”, resaltó.

Esta norma especifica que las “distribuidoras farmacéuticas son establecimientos autorizados para realizar importación, exportación y venta al por mayor de medicamentos”. Marriot destacó que después de tanto tiempo y aunque todas las autoridades reconocen que la venta al por menor en las distribuidoras es una práctica desleal en el mercado lo único que ha conseguido es que en el caso de pastillas ya no se vendan por unidad, sino por blíster o en paquetes.

Una de las empresas que predominan en el mercado es el Grupo Difare. Consultados por este diario, el vicepresidente ejecutivo, Julio Ocaña, señaló que están de acuerdo en firmar, pero que no se ha concretado la suscripción porque está en manos de la Junta Reguladora.

Sobre el código manifestó que Difare solicitó que se especifique la diferencia de procesos sobre las ventas al consumidor final que realizan los franquiciados -dueños de sus farmacias-.

El grupo tiene 750 franquiciados que cuentan con su propio Registro Único de Contribuyentes, es decir facturan de forma independiente.

Ocaña recalcó que “todos los operadores, grandes, medianos y pequeños, deben y pueden ser transparentes y actuar legalmente en el mercado”. Detalló que lo importante es ofrecer mejores precios al consumidor final.

Afirmó, además, que el mercado siempre ha sido competitivo y regulado. Pero esa percepción no es compartida por los dueños de las pequeñas farmacias.

Mientras no se apruebe un manual obligatorio o todas las empresas no se comprometan a suscribir un código de ética las condiciones de los pequeños negocios seguirán siendo negativas, por eso Asofar está en trámites para convertirse en distribuidora y así sus socios tengan un mayor beneficio económico para competir en el cotizado mercado de fármacos. (I)