No están de acuerdo con pagar las pensiones vitalicias mensuales de los exprimeros y segundos mandatarios. Eso dice la resolución del legislador Marcelo Simbaña de CREO, que debía tratarse ete martes 15 de enero en el pleno.

Sin embargo, la sesión fue suspendida. Esa no es la única voz de protesta contra el artículo 135 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), que establece que esos funcionarios reciban el equivalente al 75% de la remuneración vigente.

Según los datos oficiales, el sueldo para el Presidente es de 5.635 dólares. Eso significa que la pensión para un exmandatario es de 4.226,25 dólares. Mientras que para un vicepresidente es de 5.410 dólares, es decir, una pensión vitalicia de 4.057, 50 dólares.

Hay dos proyectos de reformas a ese artículo enviados a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas: el primero de María Mercedes Cuesta, legisladora nacional de Fuerza Ecuador (FE), y el segundo de Ana Galarza, de CREO.

La propuesta de Cuesta, que tiene un solo artículo, elimina esa pensión vitalicia a los expresidentes y exvicepresidentes que están procesados o son investigados por la Justicia. Ella recuerda la sentencia de seis años contra Jorge Glas, exsegundo Mandatario, por asociación ilícita en el caso de corrupción de Odebrecht.

También hace alusión al caso de la exvicepresidenta Alejandra Vicuña, indagada por presuntos cobros irregulares a excolaboradores de su despacho cuando fue legisladora. “No se puede dar esta pensión como premio a la delincuencia o a la corrupción”, comentó a este Diario.

En otras palabras, la pérdida de ese derecho de pensión vitalicia va dirigida a quienes estén procesados en delitos contra la eficiencia de la administración pública.

También en delitos contra el régimen de desarrollo o delitos económicos e incluso a los que cometieron delitos contra la integridad sexual y reproductiva. “Hay un debate ciudadano, en medio de los casos de corrupción que deben alarmar. Existe impunidad e inequidad ante la ley”, subraya.

Coincide con ella César Solórzano, del Partido Sociedad Patriótica (SP) por la provincia de Napo. “No se puede mantener a funcionarios corruptos ni con actos que atentan contra la ética”, recalcó a este Diario.

El proyecto no toca a los expresidentes y exvicepresidentes que están “limpios” de cualquiera de esos delitos.

Su colega, René Yandún, del Movimiento de Integración del Carchi, aclara que pensiones vitalicias para los exmandatarios y vicemandatarios son positivas siempre que hayan cumplido con su trabajo, no tengan objeciones jurídicas, y hayan sido elegidos por voto popular.

Ana Belén Marín, de Alianza PAIS (AP), es enfática: “no podemos olvidar los atracos al país, un expresidente que se llevó dinero en sacos. Otro fugado por corrupción; debemos tener memoria, no puede ser que el pueblo pague un salario permanente en esos casos”. (I)