Miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción Manabí (CNA-M) y grupos ciudadanos se reunieron con el contralor General subrogante, Pablo Celi y le presentaron denuncias que envuelven al prefecto de Manabí, Mariano Zambrano.

Francisco Bravo, jurista manabita denunciante, con documentos en mano le indicó al Contralor que existen presuntas irregularidades dentro del Gobierno Provincial liderado desde hace 14 años por Zambrano. Una de ellas es la convocatoria para llenar 108 vacantes en esa dependencia pese a que fue destituido.

Otra presunta anomalía es la convocatoria a un proceso de licitación para la reconstrucción del proyecto de riego Carrizal - Chone.

A decir de Bravo y del también jurista y catedrático Marcelo Farfán, la infraestructura nunca se aseguró pese a que en 2012 la Secretaría Nacional de Competencias entregó el proyecto a la Prefectura. “Hoy se pretende sacar de los fondos de la reconstrucción $ 15,5 millones para pagar la negligencia del señor Zambrano”, indicaron.

Leonardo Viteri, integrante del CNA-M y exasambleísta, sostuvo que durante la reunión con Celi le pidieron dar “carácter de urgente” a los procesos de investigación que lleva adelante la entidad, en especial sobre la reconstrucción de la provincia.

“Zambrano tenía que ver como miembro del Comité de Reconstrucción. Ordenaba el ejecútese al Secretario al igual que con Jorge Glas (exvicepresidente). Pedimos que se dé celeridad en cuanto al fiasco de la reconstrucción”.

Manabí fue una de las provincias que más daños sufrió tras el sismo del 16 de abril de 2016, que dejó unos 700 muertos.

Otro de los pedidos a Contraloría es la realización de un examen especial a la conducta de los 23 consejeros provinciales, quienes no acataron la resolución de esta entidad de control. Así lo aseguró Farfán, quien denunció que “se han dedicado a interpretar, según ellos, el contenido de la resolución y decidieron no aplicar la destitución de Zambrano, quien ya no es prefecto, pero se ha arrogado funciones”.

Para María Arboleda, integrante del CNA-M, el no acatamiento de la resolución de destitución no es nuevo. Aseguró que “se trata de una de las formas en que opera Zambrano, irrespetando las leyes y las disposiciones”.

Solicitó recuperar los procesos administrativos y judiciales que pesan contra Zambrano, entre ellos, la denuncia interpuesta por el presunto delito de delincuencia organizada, la cual está ligada a cinco delitos, la misma que está en fase de instrucción fiscal.

“Hay evidencias sobre lavado de activos, ilegalidades en traspaso de acciones en las compañías del Prefecto, testaferrismo, entre otros. Por tanto, insistimos en la necesidad de que todos sean abordados desde las instancias nacionales”, dijo Arboleda.

Al momento, según la CNA-M, existen presuntas ilegalidades en la firma del contrato entre la estatal Petroecuador y Marzam Cía. Ltda., una de las empresas vinculadas con Zambrano. Esta irregularidad anularía el contrato, por lo que el Prefecto de Manabí estaría en la obligación de devolver la garantía de los $ 14 millones que entregó cuando se firmó este contrato.

Por todo esto, los denunciantes piden a la Fiscalía investigar y a la Contraloría hacerse respetar. (I)