El Diálogo Nacional por la Equidad y la Justicia Social ha concluido su primera fase. Como práctica política y como herramienta de gestión, ha dejado varias enseñanzas. En primer lugar, el diálogo significa el retorno de la política, no como administración de bienes públicos, sino como una práctica de interlocución que incluye el conflicto, la argumentación y el procesamiento de demandas.

De esta forma, el diálogo coloca sobre la mesa algunas temáticas, sobre todo aquellas referidas a la concentración de los bienes productivos, que durante la hegemonía neoliberal estuvieron (intencionalmente) excluidas del debate público y reservadas solo para las élites económicas, quienes pulsearon para que el Estado defendiera sus intereses y de esta forma mantener su dominio sobre la sociedad.

El Diálogo Nacional coloca estas temáticas en la contienda política y en el debate ciudadano. En tanto se trata de temas contenciosos, como lo es la discusión acerca de la redistribución y la construcción de una sociedad más justa, suponen posiciones encontradas que los espacios de interlocución ayudan a clarificar y contrastar mediante la exposición de los argumentos y el debate entre los diferentes actores, profundizando en una idea de la política democrática como espacio de intercambio público de razones, intereses e ideas.

Pero ello requiere de una lógica de corresponsabilidad con la ciudadanía. Los cambios y transformaciones que son necesarios para alcanzar el Buen Vivir no dependen solamente de los esfuerzos y gestiones de las diferentes instancias del Estado, sino también de las acciones y disposiciones de la población para formar parte de este proceso de construcción política.

El Diálogo Nacional propone una nueva interfaz entre la sociedad y el Estado. Reconociendo el papel que cumplen las contiendas electorales en el marco de la democracia representativa como mecanismo de control para que la sociedad pueda pronunciarse respecto a la gestión de sus gobernantes, el diálogo enfatiza en la necesidad de otro tipo de herramientas para evaluar y, si es el caso, corregir las políticas nacionales. Así, funciona como un espacio que posee un poder correctivo respecto a la agenda pública con el objetivo de consolidar los logros que se han alcanzado durante estos ocho años de gobierno de la Revolución Ciudadana, mejorar aquellas políticas que han tenido deficiencias en su aplicación y gestión e incorporar nuevas demandas y criterios como resultado de los aportes efectuados por la ciudadanía.

El desafío entonces, en vistas al inicio de la segunda etapa del Diálogo, consiste en mantener y profundizar los espacios de debate y escucha que contribuyen a la construcción de un ciudadano crítico capaz de empoderarse del proyecto político, también en otorgar respuestas políticas a partir del procesamiento de las demandas e inquietudes que han sido recogidas. (O)