En la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea se tramita la reforma a las leyes que rigen el sector público. Con la enmienda aprobada en diciembre de 2015, se deben reformar las Leyes de Educación Intercultural, Educación Superior, Empresas Públicas y la Ley Orgánica de Servicio Público. El Ministerio de Educación (MinEduc) presentó observaciones puntuales a los contratos de servicios ocasionales, eventuales y régimen laboral.

Jorge Fabara, asesor de la cartera de Estado, destacó la enmienda constitucional que unifica el régimen laboral. Pero los 150.000 docentes del país están normados por la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y también hay disposiciones de la Ley de Servicio Público, por lo que es necesario contar con un marco normativo único.

Fabara pidió que en el artículo 11 del proyecto, referente a los contratos ocasionales y todas las variables que se incluirán para los procesos de selección, se aborden ciertos vacíos legales que necesitan ser aclarados, por ejemplo, como la terminación laboral por maternidad con contrato de servicios ocasionales. Insistió en la necesidad de la protección especial de las mujeres en período de maternidad, argumentando el bien superior de que se está protegiendo al neonato.

Dentro de la modalidad de contratos eventuales que se utilizará para realizar reemplazos, entre ellos por licencia por enfermedad y maternidad y en la cual el reemplazo ingresaría a través de este mecanismo, se planteó la necesidad de una reforma adicional a la Ley de Educación Intercultural. En un artículo de esta norma se establece que para esos casos se utilizarán los contratos ocasionales.

Sugirió, además, que se mantenga la posibilidad de que la Autoridad Educativa Nacional para satisfacer la necesidad del sistema, excepcionalmente, podrá otorgar nombramientos provisionales o suscribir contratos de servicios ocasionales de conformidad con la ley.

El asambleísta Fausto Cayambe espera que a partir de julio en el país rija una sola ley para el régimen laboral y servicio público. El legislador expuso su preocupación sobre los sumarios administrativos, las jornadas laborales, de las que no se define si son educativas o normales.

También mostró dudas sobre el tema de las escalas salariales, en donde a su parecer se genera una brecha entre los antiguos y nuevos maestros. Lo mismo dijo en lo referente a la organización sindical a la que tendrán derecho todos los funcionarios públicos excepto los de libre remoción.

La comisión recibirá las observaciones durante la próxima semana. Hoy acudirán los representantes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Confederación Nacional de Servidores Públicos (Conasep) y de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). Por el FUT asistirá Pablo Serrano; por la Conasep su presidente, Remigio Hurtado Chacón; y, la titular de la Senplades, Sandra Naranjo.

Esta propuesta reforma las leyes de Educación Intercultural, Educación Superior, Empresas Públicas y la Orgánica de Servicio Público, las cuales rigen la vida laboral de los funcionarios estatales.

La comisión hasta el momento ha recibido las propuestas y observaciones de la Central Única de Trabajadores (CUT), del Parlamento Laboral, de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), del Consejo Nacional de Educación Superior, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, además del Ministerio de Educación.

En la sesión de hoy también se iniciará el tratamiento de un nuevo proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público presentado por el asambleísta Diego Vintimilla Jarrín. La iniciativa fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa el miércoles pasado.

Los aportes de la nueva ley que regirá en el sector público continuarán durante la semana. En una transitoria se fija un plazo de 120 días para que la Asamblea reforme las leyes necesarias. (I)

Datos

La Comisión de Régimen Económico recibirá hoy, a las 15:30, al Procurador General del Estado, Diego García para que exponga sus criterios sobre las reformas a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

La propuesta busca reformar la Ley para Reprimir el Lavado de Activos y se establece que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera ejercerá la rectoría en materia de prevención.

Alexis Mera y Cristian Castillo, Secretario General Jurídico y consejero de Gobiernos de la Presidencia, precisaron en días anteriores que la Procuraduría no debe encargarse de la investigación penal. También darán sus aportes el Superintendente de la Economía Popular y Solidaria y el Fiscal General.