Los legisladores Esteban Bernal (CREO) y Raúl Tello (Unidos Por Pastaza) presentaron en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, las pruebas de cargo para sustentar el juicio político contra los miembros del Consejo de la Judicatura (CJ).

La sesión inició alrededor de las 14:30. Los asambleístas proponentes expusieron  44 pruebas a los integrantes de la mesa de Fiscalización.

Bernal sostuvo que las pruebas demuestran que hubo incumplimiento de funciones por parte de Gustavo Jalkh, presidente, y los ocho vocales principales y suplentes del CJ, al haber nombrado a agentes fiscales con puntaje menor, sobre los que obtuvieron mejores resultados, según lo determina el informe de la Contraloría General del Estado.

Igualmente, se refirió al informe y expediente presentado por la Comisión Nacional Anticorrupción ante el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, respecto a la mala procedencia de los nombramientos de fiscales provinciales.

Indicó que en el concurso, el Consejo de la Judicatura reformó dicho instrumento bajando el porcentaje mínimo para la participación de quienes aspiren a ingresar a la Escuela Judicial, lo cual demuestra que no se actuó con apego al ordenamiento jurídico, sino por otros intereses.

Además, señaló que la figura de error inexcusable ha servido como un elemento de persecución. "Los que deben determinar si existe o no error inexcusable son los jueces, no la Judicatura".

Raúl Tello subrayó que cuando el expresidente Rafael Correa anunció que "metería mano en la justicia", supuestamente iba a cambiar su estructura para beneficio del país, sin embargo "lo que se hizo fue establecer un mecanismo de persecución política a todos quienes sean opositores al Gobierno y a su proyecto político".

También estaba convocado Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia durante el gobierno de Correa. Pero en el inicio de la sesión se conoció que no asistiría.

La Comisión recibe a Hernán Ulloa, abogado de algunos jueces destituidos por el CJ; Pablo Cordero Díaz y Sonia Quezada, jueces cesados; Jorge Rodríguez, como representante de la Comisión Nacional Anticorrupción y un representante de Human Rights Watch. (I)