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El éxodo masivo de llaneros es inédito en la región y el mundo

El éxodo masivo de llaneros es inédito en la región y el mundo
Foto: Archivo / El Telégrafo
31 de agosto de 2019 - 00:00 - Redacción Política

El chat comunitario de un barrio del norte de Quito alerta la presencia de sospechosos merodeando las casas. La primera persona identificada es una mujer. El vecino la describe por su aspecto físico: es rubia, cabello lacio, de buena presencia, posiblemente venezolana. Nadie lo refuta...

La conversación en el chat barrial continúa. “Estamos pendientes con dichas características”, le responden al unísono varios vecinos. Esta sensación de rechazo hacia los venezolanos no es ajena para Eduardo Febres Cordero, quien lidera un movimiento de ayuda a sus compatriotas en Ecuador.

Él ha escuchado comentarios ofensivos en supermercados o de la conductora de un vehículo blanco que, religiosamente, todos los días le manda de retorno a su país para que proteja a los suyos.

Estadísticamente no existe ninguna certeza de que el incremento de delitos sea una consecuencia de la llegada de venezolanos al país.

Según los registros del Servicio Integral de Atención a Personas Privadas de Libertad, en este momento 446 ciudadanos del país llanero se encuentran detenidos. Esta cifra es muy lejana de los 1.955 colombianos, pero es la segunda si se considera a los foráneos encarcelados en el país.

Febres Cordero dice que ese número tampoco refleja una realidad. Actualmente, en el país residen formalmente 300.000 y 446 es un porcentaje mínimo. Además, él sostiene que  se deben analizar las causas de sus arrestos porque pueden ser infracciones de tránsito o pensiones alimenticias, no necesariamente por delitos.

Pero los mensajes que llevan una carga de rechazo crecen en  las redes sociales. Por ejemplo, El Otro Ecuador es una página de Facebook que les gusta a 2.778 personas, que viven especialmente en Quito. Ellos dicen que la migración venezolana es como la “segunda invasión”.  A su criterio, la primera la dirigió Simón Bolívar hace casi dos siglos.

“La segunda invasión venezolana está llegando a pasos alarmantes...”, dice un post del 26 de agosto.

Mensajes de este tipo y cientos de noticias falsas son una bola de nieve que pueden ocasionar sucesos como los ocurridos en Ibarra. A inicios del año 2019, decenas de venezolanos fueron sacados de sus casas, golpeados y expulsados de la ciudad porque uno de sus compatriotas asesinó a una joven ecuatoriana en la calle.

Francis Romero, profesora y comunicadora, dice que los actos de xenofobia contra los venezolanos evidenciaron las debilidades de las leyes internas de cada país para defender los derechos humanos, especialmente en países como Colombia, Ecuador y Perú.

Según ella, esas naciones históricamente no están acostumbradas a ser receptores de migrantes, sino a ser migrantes. Pero el Gobierno y las organizaciones de defensa de los derechos humanos han trabajado para incluir en la sociedad a los migrantes.

Ecuador, por ejemplo, es la nación que más migrantes ha recibido en las últimas décadas y su trabajo es reconocido por la Acnur. (I)

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La migración venezolana necesita  solidaridad

Para Billy Navarrete, del Comité Permanente de los Derechos Humanos, la sociedad civil tiene un importante rol para la defensa de los derechos fundamentales, especialmente si esta acción es coordinada, sea que se proponga en el barrio, en el trabajo o en cualquier espacio público.

“Nosotros como ecuatorianos, estamos recibiendo un fenómeno migratorio inédito en la región y uno de los más grandes en el mundo. No existe registro de una población que se movilice en tal magnitud ni en tan corto tiempo como lo está haciendo la sociedad venezolana”, explicó a este Diario.

Son estas características, a criterio de Navarrete, las que dan cuenta de que el origen de este éxodo es una crisis humanitaria y no una migración económica, como la que vivió Ecuador a finales de la década de los noventa.

Por eso para él es fundamental que la ciudadanía esté informada de las condiciones que provocaron este éxodo masivo, para que aparezca el sentimiento de solidaridad, que es fundamental en la defensa de los derechos humanos, una obligación que no es solo de las autoridades, sino de cada persona. (I)

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