Si bien la decisión final del Comité de Anulación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) concluyó que el laudo entre Oxy y Ecuador es parcialmente nulo al haber incurrido en la causal de exceso de poder, no se atendió otros argumentos jurídicos de la defensa ecuatoriana en relación con el pedido de nulidad enviado el 9 de octubre de 2012.

Según la Procuraduría General del Estado (PGE), el pedido de anulación concordó con Ecuador en que a Occidental Petroleum Corporation (Oxy) solo le correspondía el 60% del valor de la indemnización, al haber cedido el 40% de sus derechos a la canadiense Alberta Energy Corporation (AEC), en agosto de 2000.

Por ello, el Comité de Anulación revocó el laudo previo que adoptó el Tribunal Arbitral del Ciadi el 5 de octubre de 2012, al otorgar a Oxy el 100% del valor de indemnización, beneficiando a la compañía por su propia infracción y ejerciendo jurisdicción sobre un tercero ajeno a la controversia (AEC), no protegido por el Tratado Bilateral de Inversión (TBI) suscrito entre Estados Unidos y Ecuador, invocado por la Oxy.

El laudo final del Comité de Anulación, hecho público el lunes pasado, ahora ordena al Ecuador pagar el monto neto de $ 1.061’175 millones a la Oxy, a lo que se descontarán costes judiciales de la parte demandante.

El Procurador General del Estado, Diego García, al referirse a la decisión final, señaló que la disminución (de alrededor de $ 700 millones con relación al laudo emitido en 2012 por el Tribunal Arbitral que ordenó al Ecuador a pagar $ 1.770 millones más intereses), se logró gracias a los argumentos jurídicos de la defensa ejercida por la PGE.

Además —como lo destaca García— se logró esa disminución “en medio de un proceso arbitral cuestionado y de un Tribunal que se extralimitó en sus competencias, como ya lo señaló con su voto disidente la profesora Brigitte Stern (una de los árbitros del Tribunal) y que coinciden con las irregularidades ya denunciadas reiteradamente por la PGE”.

La decisión del Comité de Anulación no atendió los otros argumentos de la defensa ecuatoriana con relación al pedido de nulidad, entre ellos: la falta de competencia del Tribunal, al no ser la caducidad materia arbitrable; el que los reclamos fueron prematuros y no se respetó el período de enfriamiento; y la proporcionalidad de la sanción puesto que el Tribunal Arbitral se atribuyó una competencia que no tenía al declarar desproporcionada una norma de derecho interno.

La PGE sostiene que sigue sin hacerse justicia, “lo que ratifica la convicción cada vez más generalizada de los Estados sobre la inequidad de un sistema arbitral creado por inversionistas para defender exclusivamente los intereses de los inversionistas, motivo que llevó al Ecuador abandonar el Ciadi en 2010”.

La Oxy, para acudir al Ciadi, adujo una supuesta violación del TBI a partir de la declaratoria de caducidad (mayo de 2006) del Contrato de Participación para la Exploración y Explotación del Bloque 15.

El caso Oxy incluyó presiones diplomáticas contra Ecuador

El caso Oxy, que tuvo el laudo final el pasado lunes, estuvo matizado por presiones antes, durante y después de declararse la caducidad del contrato por la venta, por parte de la multinacional, del 40% de sus acciones a la compañía canadiense Alberta Energy Corporation Ltda. (AEC), en agosto de 2000, posteriormente denominada Encana.

Según lo publicó EL TELÉGRAFO en mayo y octubre de 2012, varios cables filtrados por Wikileaks revelaban los “mecanismos diplomáticos” que ejercieron delegaciones de EE.UU. en Ecuador, luego de que en 2000 la empresa traspasó parte de sus acciones en el bloque 15 a Encana, una tercera compañía, sin previo consentimiento de Petroecuador y del entonces Ministerio de Energía.

El objetivo de EE.UU. era obligar a Ecuador a retroceder en su decisión de no contratar con Oxy, independientemente de que el proceso jurídico estaba en marcha.

Los cables dejan al descubierto que las diplomáticas estadounidenses Kristie Kenny y Linda Jawell, a su debido tiempo, no tuvieron límite para presionar a funcionarios del más alto nivel, empezando por 2 jefes de Estado, ministros y autoridades judiciales. Algunos de ellos cedieron a las “presiones”, respondiendo a las directrices de EE.UU.

La clave de presión permanente fue la suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre EE.UU. y Ecuador, que se empezaba a negociar en 2004, año en el cual se ventilaban también 2 juicios: uno era por la demanda que la Empresa Petrolera Oxy entabló contra Ecuador para exigir que se le devuelvan $ 75 millones por las recaudaciones del IVA. En este caso los árbitros internacionales fallaron a favor de la compañía en julio de 2004.  El otro era por alteraciones contractuales, en torno a la sobreexplotación de pozos petroleros y cesión de derechos a Encana, entablado por Petroecuador (que tuvo su desenlace el lunes pasado).

Las presiones se habrían mostrado, por ejemplo, en los cables de 2004 identificados como 05QUITO681, del 28 de marzo; 04QUITO2327, de agosto, y, 04QUITO2418, del 2 de septiembre. En uno de ellos advertía al gobierno de Lucio Gutiérrez que “una aparente represalia contra Oxy podría tener graves consecuencias para el Ecuador en las negociaciones del TLC y los beneficios del ATPDEA”.

Kenny, además, pidió a Washington enviar una fuerte señal a Ecuador: “Expresar nuestro desagrado por el abuso del sistema legal contra empresas de EE.UU. (incluso en el caso de BellSouth, Duke Energy y, potencialmente, Chevron) y reiterar que los continuos abusos tendrán serias implicaciones bilaterales”.

Otra forma de presión se revela en los cables del 10 de noviembre de 2005 (gobierno de Alfredo Palacio), y del 22 de mayo de 2006. (I)