Ecuador espera el monto de la indemnizaión económica por parte de la Corte de La Haya tras el fallo a favor de la empresa Chevron y en contra del país. La Procuraduría y los amazónicos acudirán a instancias internacionales para revertir la sentencia.

En la sentencia del pasado 7 de septiembre, el Tribunal Arbitral Internacional estableció tres puntos en contra del país en el caso Chevron III: declaró que el Estado violó el Tratado Bilateral de Inversión (TBI); denegó justicia y no brindó un trato justo y equitativo.

Hasta el momento un grupo de abogados de la Procuraduría, liderados por su titular, Íñigo Salvador, ya trabaja en las salidas legales que tiene el país: analizará si aplican la interpretación de ciertos pasajes del laudo arbitral; y la nulidad del fallo parcial.

Para aplicar por esas dos opciones, el Estado tiene un plazo de 90 días. La de Interpretación debe resolverse en 45 días y la de nulidad puede demorar -su procedimiento- desde dos hasta cuatro años.

Para este último recurso, la Procuraduría acudirá a los tribunales civiles de Holanda, sede de la Corte de La Haya, para solicitar la nulidad del laudo, que, según  Salvador, “debe versar sobre la falta de competencia del tribunal para haber dictado la sentencia”.

A pesar de presentar la acción de nulidad, el arbitraje internacional continuará con la última fase: la cuantificación por indemnizar.

Para ello, Ecuador y Chevron tienen menos de 90 días para presentar sus sustentos sobre el monto al que debe ascender el fallo. La cuantificación puede durar hasta dos años. En el caso de que la Corte acoja la nulidad, el país ya no tendría que pagar a la empresa petrolera.

Los legisladores de la Comisión de Fiscalización, sobre todo de Alianza PAIS y Revolución Ciudadana, pidieron que no se politice el tema. Los amazónicos, en cambio, esperan que el Estado los respalde ante la petrolera. (I)

Plazo  

25 años de lucha

El abogado del Estado aseveró que con el fallo los amazónicos, afectados por la petrolera, deben empezar -tras 25 años de lucha- con una acusación por los daños ambientales. Los denunciantes piden el apoyo del Estado. 

90 días tiene el Estado para aplicar las dos opciones: la interpretación y la nulidad de la sentencia.

Acciones contra el Estado

Los amazónicos indicaron que si el Estado interfiere en la defensa a nivel internacional lo denunciarán.