Desde agosto pasado varios docentes han entregado oficios en el Ministerio de Educación y en la Presidencia de la República, en donde manifiestan su apoyo al proyecto de ley para que los Fondos de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME) pasen al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) y  denuncian los “arbitrarios”  descuentos que les hacían sin su consentimiento.                

Por ejemplo, profesores como Gustavo Calvopiña Parra denuncian  que cuando la UNE-MPD comenzó con la administración de los fondos de cesantía adicionales se retenía parte o el total de los sueldos de sus roles y luego se negaba a devolverlos. “Cuando pregunté por qué se retenía mi sueldo y no se hacía la transferencia al Banco Pichincha, me manifestaban que era  una disposición superior... Yo increpé y reclamé verbalmente que era ilegal, inconstitucional y arbitrario porque se confiscaba mi dinero, y me contestaban que lo lamentaban pero que no podían hacer nada y que solo cumplían órdenes superiores”, dijo.  

Los docentes dicen que hicieron “peripecias” tratando de oponerse a ese mecanismo “abusivo” de la UNE, pero nadie les daba solución. “Al sentirme impotente, desamparado, terminé visitando las oficinas del FCME que administra Juan José Castelló, en donde expresé mi repudio, pero nunca recibí respuesta”, narra Calvopiña en la carta del 18 de agosto dirigida al presidente Rafael Correa, y al ministro de Educación, Augusto Espinosa.

Personal administrativo del magisterio también reclamaba

El 1 de junio de 2011, Milton Altamirano, abogado de un grupo de funcionarios del magisterio, le dirigió un oficio a Castelló en donde le decía que el 6 de mayo de 2011 se presentó en la institución que él preside el petitorio mediante el cual 22 funcionarios administrativos del Ministerio de Educación pedían que se procediera a la liquidación y devolución  inmediata de los descuentos realizados a su remuneración mensual por concepto de Fondo de Cesantía y de los valores que transfirió el IESS al FCME con los intereses generados a la fecha.

El representante judicial de ese grupo de afectados insistía en que los fondos han sido debitados en forma individual a través del rol de pagos de ese Ministerio sin consentimiento particular del personal y sin obtener hasta la fecha ningún beneficio de índole financiero.

Según Altamirano, para hablar del tema se mantuvieron reuniones con Jaime Yánez Montero, presidente provincial de Pichincha del FCME; Mónica Ayala, vicepresidenta, y Norma Quishpe, tesorera del Comité Ejecutivo nacional, quienes verbalmente aceptaron la desafiliación y la realización del trámite vigente, pero bajo la condición de que primero haya una contestación por escrito firmada por Castelló, la cual jamás llegó y, por ende, continuaron los descuentos.

Por ello, en el oficio que Altamirano remitió con copia a la Intendenta Nacional de Seguridad Social, Rosa Herbozo, solicitó en esa época el deseo de desafiliación inmediata de sus representados y el traspaso de los valores recaudados por concepto de fondo de cesantía a una institución financiera administradora de fondos seleccionada por ellos.

Con respecto a lo dicho por Altamirano, de que sus representados  nunca autorizaron expresamente que se les descuente los aportes de cesantía adicional de sus roles de pago acogiéndose al Acuerdo No. 349 del 27 de octubre de 2005, Castelló respondió -mediante oficio del 7 de junio de 2011- que “no existe retención no autorizada ni embargo de remuneraciones, toda vez que la retención de aportes para cesantía adicional fue autorizada mediante Decreto Supremo No. 304 del 25 de octubre de 1960, al amparo de la Ley de Seguridad Social de ese entonces”.  

También aclaró que la prestación de cesantía es un ahorro mensual, capitalizando aportes e intereses en cuentas individuales y su liquidación debe cumplir una de las 3 condiciones para cesar en funciones definitivamente en el Ministerio de Educación, según la Cláusula IV del Contrato de Administración de la Cesantía Adicional del Magisterio, que en el literal e establece: ‘La liquidación de la cuenta individual de la cesantía adicional del magisterio, la misma que es producto del capital aportado más intereses, se entregará al cese definitivo de las funciones en el sistema educativo fiscal, por renuncia, jubilación o fallecimiento”.

El 23 de agosto pasado, durante el Enlace Ciudadano desde Llano Grande (Pichincha), Correa indicó que en el FCME sí hay dinero público. Entonces explicó que la primera de 4 condiciones para que siga administrándose de manera privada es que se haga la devolución de los recursos estatales con sus respectivos intereses.

Resaltó que como segunda condición sus integrantes deberán demostrar que los aportes fueron estrictamente voluntarios, pues dijo que ha recibido cartas de maestros indicando que se les obligaba a aportar y que su dinero era retenido. “Maestros que no aceptaban, ni siquiera les pagaban”. La tercera condición es que los partícipes del FCME puedan retirar su dinero en cualquier momento.  “No les dejan retirar la plata hasta la cesantía o la muerte. Eso sí es confiscación del dinero privado. O te jubilas o te mueres. Si no pueden retirar la plata, eso va a pasar al sector público y nosotros sí vamos a devolver la plata al que quiera retirarla”, advirtió Correa.  

La cuarta condición es que debe existir una petición expresa de más del 50% de los partícipes solicitando que sus aportes permanezcan en el fondo privado.