Los candidatos no hablan de otro tópico que no sea la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras, bautizada por la oposición como de plusvalía.

Los aspirantes al sillón de Carondelet, así como a las curules de la Asamblea Nacional, se han centrado en criticar el articulado que se tramita en el Legislativo. Y eso politiza el debate. La mayoría de los presidenciables ofrece derogar la iniciativa una vez que ganen en febrero de 2017. El Ejecutivo, por su lado, se defiende y asegura que la propuesta combate la especulación de los inmuebles que perjudica a la clase media con costos excesivos.

Ganancias exorbitantes

El Mandatario ha enfatizado en reiteradas ocasiones que la ley afecta a quienes compran tierras porque conocen las obras importantes que se realizarán en sus alrededores. Y por eso las tienen desocupadas para luego venderlas a precios exorbitantes. Correa pone como ejemplo la Mitad del Mundo, en Quito, y el Daular, en Guayaquil.

En Samborondón y Daule, donde ahora están asentadas numerosas urbanizaciones, la tierra tenía la categoría de rural. En promedio una hectárea (10.000 metros cuadrados), que por lo general se utiliza para la producción agrícola, podría costar entre $ 3.000 y $ 5.000. Pero en la actualidad, cuando están urbanizadas, las promotoras de vivienda venden allí mismo el metro cuadrado en un promedio de $ 300. El metro cuadrado costaría alrededor de $ 2. Los terrenos para cada casa en las urbanizaciones por lo general tienen una extensión de entre 112 y 120 metros cuadrados.

El debate político

Para sumar simpatizantes los candidatos se reúnen con grupos opuestos a la ley. Por ejemplo, Cynthia Viteri, candidata por el Partido Social Cristiano (PSC), tuvo un encuentro con los miembros de la Asociación de Bienes Raíces del Guayas para analizar las repercusiones de la entrada en vigencia de esta ley. Según la candidata, “la norma aniquilará al sector de la construcción. Nadie comprará un inmueble por el cual le cobrarán 75% de plusvalía al venderlo. Esto impactará en los ecuatorianos porque habrá mayor desempleo y pobreza”.

Su compañero de fórmula, Mauricio Pozo, habló de un impacto negativo para 2’000.000 de personas. La propuesta es derogar la ley.

El candidato presidencial por el movimiento Creando Oportunidades (CREO), Guillermo Lasso, y su vicepresidenciable, Andrés Páez, también prometieron derogar la Ley de Plusvalía.

Lasso, quien se reunió el 7 de diciembre pasado con los máximos representantes de su alianza electoral, señaló que la Ley de Plusvalía y el pacto ético (consulta popular para prohibir que funcionarios y autoridades tengan cuentas en paraísos fiscales) “son una cortina de humo del oficialismo para distraer la realidad electoral”.

Páez calificó la iniciativa como “confiscatoria” y respaldó las marchas convocadas para ayer. “Hay que salir a defender el patrimonio de nuestros hijos”.

Paco Moncayo, candidato a la Presidencia de la República por la Izquierda Democrática (ID), tiene la misma posición que Lasso y Viteri, que en teoría está en la otra orilla ideológica. “Me opongo a la Ley de Plusvalía. Las obras que ejecuta el Gobierno se hacen con dinero de los ciudadanos y si ellas mejoran el valor de los bienes inmuebles no se debe cobrar un sobreimpuesto a estas propiedades que fueron compradas en el 99% para habitar”.

Pero es el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien encabeza la oposición a la iniciativa. En su cadena radial de los miércoles señaló que todo aquel que vaya a comprar una vivienda o terreno será afectado por la norma. “Si alguien quiere comprar una casa de $ 40.000 en el programa del Gobierno o del Municipio, si esa vivienda 4 años después se vende en $ 80.000, la ganancia de $40.000 de diferencia la Ley dispondría que se pague más de $ 13.000 de impuesto” (sic).

Esta declaración fue desestimada por el presidente de la República, Rafael Correa, quien respondió. “Lo que no dijo es que ‘años más tarde’ son 4 años. Es decir, a él le parece razonable que en un período tan corto se gane el doble del valor de adquisición, lo que implica una tasa simple de rentabilidad del 25% anual. ¿Quién, aparte de él, ha sido tan ‘afortunado’?”.

“Pero, incluso, después del impuesto, la ganancia del vendedor sería de $ 26.682, que significa un rendimiento de 16,7% anual. Si ese inmueble aumentó tan rápido de valor por obra pública, el vendedor se está apropiando de recursos sociales. Si aumentó tan solo por especulación, se está apropiando de recursos del comprador, y ese comprador puede ser usted”, concluyó.

Gremios piden archivar la ley

Como inoportuno y antitécnico califican al proyecto los representantes del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador (Apive), entre otros.

El miércoles, Richard Martínez, presidente del CEE, manifestó que el sector empresarial rechaza el proyecto, por lo que “demandamos su archivo”. Y agregó que “un impuesto del 75% es un tributo de orden confiscatorio”.

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, dijo que una vez aprobada la norma “los precios de los bienes que tienen los ecuatorianos bajarán”.

Ayer, en Guayaquil, el presidente ejecutivo de Fedexpor, Daniel Legarda, indicó que no están de acuerdo con dicha normativa. Mientras que Jaime Rumbea, vocero de Apive (Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador), comentó que su grupo realizó un análisis técnico del proyecto de ley. Y a partir de allí lo califica como inoportuno porque fue presentado “en un momento en que la economía necesita dinamizarse”.

La postura de PAIS

Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional y candidata de PAIS al legislativo, aseguró que “el error sería dejar que los cálculos electorales pesaran más que el bienestar de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Esta iniciativa obedece a una profunda coherencia con nuestros principios políticos y a la consolidación de un Ecuador verdaderamente justo”. Agregó que “hablamos de ganancias ordinarias cuando el valor se equipara con lo que el inmueble generaría si su precio se depositara en el banco”. 

El impuesto a las tierras ociosas no causa distorsión

En un artículo publicado en Ecuanomica, Juan Pablo Jaramillo sostiene que la actual discusión político-económica del proyecto de ley “carece de rigurosidad técnica sumado a una gran dosis de desinformación por parte de los actores políticos y medios de comunicación”.

Para argumentar esta tesis, Jaramillo recuerda que el impuesto a las tierras ociosas ha sido una opción de política apreciada favorablemente por distintos economistas, entre los cuales se encuentran Adam Smith, quien sostuvo que “nada (podría) ser más razonable”, y Milton Friedman, quien afirmó que es “el impuesto menos malo”.

En la tradición del pensamiento económico que iniciaron los economistas liberales, los impuestos son considerados como elementos que alteran las cantidades de los bienes y, de esa manera, distorsionan la toma de decisiones de las personas. Sin embargo, estos procesos no sucederían cuando se aplica un impuesto a las ‘tierras ociosas’, es decir, a aquellos suelos que no reciben ninguna agregación de valor por parte de su propietario y que fueron adquiridos con el único propósito de venderlos a un precio mayor posteriormente.

“Lo cierto es que el impuesto en mención es un tributo progresivo que busca castigar las ganancias extraordinarias producto del esfuerzo de terceros y la especulación en la venta de bienes inmuebles, no así la ganancia ordinaria producto del esfuerzo propio. El establecimiento del punto en el cual una ganancia deja de ser ordinaria y empieza a ser extraordinaria siempre será debatible técnicamente, algo similar al establecimiento de una tasa de usura, lo cual no anula el hecho de que a nivel global la usura sea sancionada como un delito a partir de cierto punto de inflexión en la tasa de interés. El principio del impuesto a la plusvalía se rige por pagar más en función de un mayor ingreso extraordinario, siendo que la tasa efectiva en la mayoría de los casos es baja e incluso nula”, explica Jaramillo. (I)