La Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional inició ayer la fase de sistematización de las observaciones ciudadanas realizadas al proyecto de Ley de Recursos Hídricos.

Luego de concluir la fase de las audiencias, realizadas en 22 provincias, los asambleístas conocieron en un taller los aportes que se dieron en las consultas prelegislativas.

El análisis tomará varios días, luego vendrá la realización del informe, que será socializado con el Consejo deAdministración Legislativa (CAL). La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, tendrá que convocar a la tercera fase, que es la audiencia de diálogo nacional, prevista para la segunda semana de mayo con las organizaciones de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, así como sectores sociales. Ahí se darán a conocer los avances de la consulta prelegislativa.

Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, destacó que la discusión generada en las 22 provincias se efectuó en un ambiente de trabajo con propuestas ‘serias y propositivas’.

Uno de los puntos que se pone en discusión es la conformación de la autoridad única del agua, considerando que en la Asamblea se planteó que el agua es un recurso natural y su administración le corresponde al Estado ecuatoriano.

En este punto, existen comunidades indígenas que han planteado que el administrador sea un Consejo Plurinacional, pero hay otras que no apoyan esta tesis.

Un asunto que podría viabilizar las disposiciones constitucionales de conservación es contar con un fondo del agua que permita tener recursos para la conservación de las fuentes hídricas en páramos y bosques, entre otros.

El taller de ayer se dividió en dos capítulos, en los que abordaron objetivos, conceptos y prohibiciones relacionados con esta nueva normativa legal.

El asambleísta Ricardo Zambrano, de la Comisión de Soberanía Alimentaria, aclaró que las empresas que tienen concesiones con el Estado para la gestión y uso del agua tendrán que ajustarse a la nueva norma legal.

Algunas de estas empresas son Amagua (Empresa de Agua Potable y Alcantarillado en Samborondón) e Interagua, en Guayaquil. Esta última es controlada por Proactiva Medio Ambiente, junto con sus compañías asociadas Hidalgo e Hidalgo, de Ecuador; y Fanalca, de Colombia, en un 90% de sus acciones. El 10% restante le pertenece al grupo ecuatoriano Equivía.

Carvajal, en este punto, explicó que la Constitución dispone que no hay posibilidad de privatización en ninguna forma, tampoco se puede negar este recurso a empresas privadas ni la prestación de servicios básicos. Con la nueva norma se obliga a que cualquier contrato previo se actualice con el marco jurídico.

La administración del agua es otro tema de preocupación. El objetivo allí es una redistribución equitativa de este recurso.

El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), Segundo Inlago, destacó que entre los puntos de consenso a los que llegaron en la consulta prelegislativa está el derecho al agua para el consumo humano y para el aprovechamiento productivo.

El dirigente insistió en que entre sus petitorios está la necesidad de contar con una auditoría de este recurso, así como también eliminar la actividad extractiva de las zonas que puedan afectar a las fuentes hídricas, en su afán de proteger el recurso para nuevas generaciones.

La Ley de Recursos Hídricos está en el primer lugar de la agenda legislativa elaborada por el bloque de PAIS.

La norma es uno de los mandatos que emitió la Constitución de Montecristi, por lo que debía ser aprobada durante el primer año de vigencia de la Carta Magna.

Datos

La Comisión de Soberanía Alimentaria espera concluir esta semana el informe de sistematización de los resultados de la consulta prelegislativa realizada en las 22 provincias.

Carlos Pérez, presidente de Ecuarunari, espera que se incluya la redistribución y desprivatización de agua, creación del Fondo Nacional del Agua y el Consejo Plurinacional.

Las leyes de Tierras, Aguas, de Consejo de Igualdades, de Cultura y los códigos de Relaciones Laborales, de la Economía Social del Conocimiento, Monetario y Financiamiento y de Salud, forman parte de los 23 proyectos de ley prioritarios.