El pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 84 votos afirmativos, 22 negativos y 6 abstenciones una resolución de rechazo a la destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. 

El planteamiento fue presentado por la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, al que se suman a las voces de condena enérgica a dicha separación. Además rechazan los golpes de Estado y desestabilización en los países para violentar la democracia e irrespetar la decisión popular. Se solidarizan con Rousseff.

Rivadeneira argumentó la resolución señalando que la mandataria brasileña fue electa con 54 millones de votos. Calificó de inaceptable el golpe parlamentario. Dijo que es una "revancha de las élites que debe mantenernos alertas", pues recordó los procesos que se realizan en Honduras, Paraguay, Venezuela y Ecuador.

A su criterio, los representantes del Senado de Brasil son muestra de la "más rancia derecha", que se puso sobre la voluntad de 54 millones de personas.  Dijo que los senados, congresos y asambleas en los países deben ser garantes de la democracia.

"No podemos ni debemos permitir que se conviertan en instrumentos de las grandes corporaciones e intereses antinacionales", dijo.

A criterio de la presidenta de la Asamblea ecuatoriana, se destituyó a Rousseff "sin una sola prueba en su contra en un juicio político manejado como un sainete".  Dijo que el objetivo es acabar con los programas sociales, de salud, educación y redistribución de la riqueza en ese país.

Alertó que hay ya iniciativas que pretenden entregar ese país sudamericano a los poderes económicos internacionales como son las reservas de petróleo, empresas petroleras como Petrobras, así como el congelamiento por 20 años de la inversión en salud, saneamiento y vivienda.

Rivadeneira dijo que el problema en Brasil es el resultado de la extrema violencia de la restauración conservadora de la derecha en contra de la decisión democrática.

Sin embargo, el legislador Ramiro Aguilar (Independiente) señaló que la destitución de Rousseff fue legítima y producto del deber de fiscalización que tienen las asambleas. (I)