El tribunal que conoce el arbitraje internacional presentado por Chevron Corporation y por Texaco Petroleum Company contra Ecuador visitó, entre el 5 y 10 de junio pasados, varios sitios de la Amazonía ecuatoriana, en los cuales la petrolera operó entre las décadas del 60 y 90, informó la Procuraduría en un comunicado.

La visita tuvo como objetivo demostrar al Tribunal Arbitral que todavía existe contaminación en los ecosistemas sensibles de la Amazonía ecuatoriana. El viaje contó con la colaboración de Petroamazonas y las Fuerzas Armadas.

El tribunal, integrado por los árbitros V.V. Veeder (presidente), Vaughn Lowe y Horacio Grigera Naón (coárbitros), realizó la verificación in situ, lo que les permitió observar la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, su migración a través de los años y el riesgo constante para la salud de los residentes.

El procurador general, Diego García, indicó que la visita de los árbitros constituyó “un importante hito en la defensa del Estado ecuatoriano, porque permitió que el tribunal pueda ver, oler, palpar y, sobre todo, contextualizar la verdadera dimensión del reclamo de los litigantes de la Amazonía ecuatoriana y, por tanto, la razonabilidad de la sentencia emitida por la justicia del Ecuador contra Chevron, que ordenó la remoción de la contaminación causada”.

Además, García comentó: “No era lógico que un tribunal arbitral que conoce un caso en el que se discuten los méritos de una sentencia ambiental decida sobre el mismo sin conocer la zona en donde se produjeron los hechos”.

Tras atender el “insistente” pedido de Ecuador para que visite la zona de la contaminación, el tribunal incorporó dentro de los elementos de discusión del caso la responsabilidad ambiental de Chevron, sostuvo el Procurador, al recalcar que “esto constituye sin duda, un importante desarrollo en este proceso”.

Esta visita se concretó como respuesta a los pedidos que la defensa del Estado ecuatoriano realizó al Tribunal desde 2012. Desde el inicio Chevron se ha opuesto a la inspección, y a pesar de ello se tomó la decisión de hacerla este año.  La empresa no reconoce su responsabilidad en el daño ambiental y se niega a cumplir con la indemnización de $ 9.500 millones. (I)