En un solo día Iván F. depositó $ 18.000 a las cuentas de Alianza PAIS. Lo hizo en dos transacciones el 8 de febrero de 2013, cuando el país vivía la efervescencia de la campaña electoral, que finalmente la ganó Rafael Correa.

Esas operaciones causaron sorpresa al equipo especial del Consejo Nacional Electoral (CNE), que investiga las cuentas de las campañas del movimiento político.

Este grupo inició su trabajo el pasado 16 de junio y está conformado por delegados de los cinco vocales del organismo electoral.

En un informe preliminar  detectaron un primer grupo de 15 contribuyentes de Alianza PAIS cuyos depósitos no coinciden con su historia tributaria. Sus nombres aparecen desde 2011 y contienen donaciones que van desde los $ 1.378 hasta los $ 60.000

Sin embargo, una rápida revisión con los datos del Servicio de Rentas Internas se verificó que la mayoría no declaró impuestos, o cuando lo hizo juró cero ganancias y también lo hizo con montos que no representan el dinero que fue entregado a las arcas de la lista 35.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, entregó estos datos a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que adelanta también una investigación sobre las campañas del expresidente y los candidatos de Alianza PAIS.

Ella sostuvo que la documentación que proporcionaban era una primera parte del trabajo que adelantan, porque extendieron la revisión desde 2006, el año que Correa ganó su primera elección y se extenderá hasta 2017, comicios que llevaron a Lenín Moreno a Carondelet.

En ese período de tiempo llama la atención la campaña de 2013. En ese año, Antonio F. hizo otras colaboraciones al movimiento, hasta llegar a los $ 55.000.

Él, junto con su hermano Manuel F. y Micaela L., son los contribuyentes más importantes para esa contienda electoral, de acuerdo con los datos entregados al CNE. 

En 2013, los responsables del manejo económico del binomio Rafael Correa-Jorge Glas certificaron que gastaron $ 1,1 millones, es decir, $ 500 mil menos del tope del gasto electoral.

De ese dinero, el 39% ($ 684.388) fue aportado por la propia organización política. Este porcentaje respeta los límites de gasto del Código de la Democracia y aparentemente no había generado ninguna ilegalidad.

Sin embargo, la detención de Pamela M., exasesora del presidente Correa y exjueza constitucional, develó un sistema que ocultaba los aportes ilegales para las campañas de Alianza PAIS.

Pamela M. aseveró que esa labor la encargó el exmandatario en 2013, pero en una fecha que aún no la precisa.

En la lista de donantes para la campaña aparecen otros nombres que no constan aún en el informe del Consejo Nacional Electoral, pero que están en el radar de la Fiscalía General del Estado.

Uno de ellos es de Olga Muentes, la asistente personal del exvicepresidente, Jorge Glas. Ella también está en los reportes entregados por Alianza PAIS en la liquidación de gastos del binomio presidencial. Según ese documento,  entregó $ 5.000 a la campaña de 2013.

La Fiscalía piensa que Muentes puede ser OM. Estas siglas aparecen en los correos de Pamela M. en la segunda línea de responsables del manejo de las contribuciones supuestamente ilegales. 

Sergio Ruiz fue otro de los aportantes para esa contienda electoral. También entregó $ 2.000. Luego trabajó en el despacho de Glas en la Vicepresidencia.

Ruiz ha dado sus declaraciones en la investigación por el escándalo de corrupción de Odebrecht que terminó con la sentencia de Glas.

Además, en la lista de contribuyentes se encuentra Sofía Espín, exlegisladora de la bancada de la Revolución Ciudadana. El reporte de gastos señaló que  contribuyó con un monto de $ 5.000. Ella también empezó su carrera política con el exvicepresidente y tiene un juicio por, supuestamente, tratar de cambiar el testimonio de una persona que acusaba al expresidente Rafael Correa en un juicio por secuestro.

La Contraloría anunció que realizará una auditoría al proceso que avaló los gastos electorales de Alianza PAIS desde 2013 hasta 2017. Según el contralor (s), Pablo Celi, habrá un capítulo especial para los proveedores y empresas que dieron los servicios para la propaganda.

Simultáneamente, el Consejo Electoral espera cerrar la investigación del proceso para la consulta popular de 2018 y para las elecciones seccionales de 2019. (I)