El 31 de julio pasado, el portal estadounidense Fortune publicó, basándose en un supuesto comunicado del colectivo, que el Frente de Defensa de la Amazonía (FDA) habría “suspendido sus vínculos” con el abogado Pablo Fajardo por haber “levantado” el embargo sobre la petrolera Chevron para permitir que el Estado ecuatoriano pague a la empresa $ 112 millones, producto de una sentencia en la Corte Internacional de La Haya.

La decisión -según Fortune y que fue replicado por portales como La República- habría sido “sin el permiso” de FDA “aparentemente… a instancias de individuos en el gobierno ecuatoriano”. Fajardo desmintió tal publicación y aclaró que él representa a la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco (Udapt) y no a la FDA. Esto fue confirmado por el coordinador de la Udapt, Humberto Piaguaje, quien explicó que ninguno de los afectados y tampoco los demandantes firmantes integra la FDA: “Las nacionalidades de afectados nunca hemos estado legalmente afiliados al FDA. Primero éramos un Asamblea de afectados y ahora la Udapt ya tiene personería jurídica. Vimos que el FDA enfocaba más su trabajo hacia los derechos de la naturaleza pero no se centraba en la lucha legal en contra de Chevron. Por eso decidimos ser miembros filiales”.

Por lo tanto, Piaguaje considera que la FDA tiene plena autonomía para tomar sus propias decisiones sin embargo, cuestiona que cuando la Udapt llamó a reuniones urgentes para tratar el tema del embargo, Carlos Guamán, titular del Frente, no asistió. Por ello, dicha decisión los ha tomado por sorpresa. De acuerdo con el líder indígena, la FDA solo estaría concentrándose en los $96 millones (más intereses $ 112 millones) y no en el propósito de la lucha que va más allá del dinero: “A lo mejor tenían planificado (no asistir) para luego anunciar su decisión. Creo que esto nos avisora lo que podría ocurrir en el futuro. Si con esta plata ($ 112 millones) se producen problemas internos. Cuando Chevron pague los $9.500 millones, podrían existir disputas por el protagonismo de quién maneja el dinero. Los pueblos indígenas afectados debemos estar preparados”.

La FDA consta dentro del juicio como beneficiaria y administradora del fideicomiso al momento en el que Chevron pague los $ 9.500 millones. La Asamblea de afectados, previo a convertirse en la Udapt y obtener su personería jurídica, habrían “confiado”, por lo tanto, aprobado una resolución en la que se nombra a la FDA como la encargada de administrar el fideicomiso.

Por su lado, Fajardo cree que existe una cierta intencionalidad de dividir a las bases. Se disponen a investigar: “Cuando un caso tan grande como este está llegando al final se despiertan muchos intereses de gente ambiciosa. Chevron ha intentado doblegar esta red de afectados y demandantes de todas las formas posibles pero como no ha podido desde afuera, ahora intentará dividir a las bases”.

Diario EL TELÉGRAFO intentó comunicarse con Guamán pero hasta el cierre de esta edición no contestó su celular. (I)