A lo mejor suceda antes de lo que imaginamos, pero igual llegará el día en que las personas de la tercera edad de los países de todo el mundo empezarán a demandar su espacio o mejor dicho: sus derechos. El envejecimiento poblacional parece no ser prioridad para los estados y menos aún los desafíos que representa en los diferentes ámbitos, incluido el político. Hasta ahora, en su mayoría, los gobiernos han preferido postergar estas demandas para cuando esto suceda.

Hace poco esta nueva realidad que emerge desde la población de más edad se hizo evidente en el referéndum realizado en Gran Bretaña, que determinó su separación de la Unión Europea. Las personas mayores a 65 años votaron más por esta opción. Esto significó que el colectivo, desde las redes sociales e incluso periódicos, sea estigmatizado y “convertido en chivo expiatorio del Bretix y haciendo campaña para que se le restrinja el voto”, como lo denunció Rosa Kornfeld-Matte, experta de la ONU en derechos humanos.

En un futuro próximo se advierte en Gran Bretaña, país crecientemente envejecido, “la clase política tendrá que cuidar lo que promete y lo que hace una vez llegue al poder, especialmente en materias que afecten a la población mayor, porque todo apunta a que las ideologías políticas irán dando paso a ideologías demográficas. Esta evolución dificultará el rediseño de políticas sociales en un débil estado del bienestar. Un claro ejemplo es la reforma, tan necesaria como urgente, del sistema de pensiones”. “Conjugar los intereses de las minoritarias generaciones jóvenes con los de la gran mayoría veterana no parece que vaya a resultar tarea fácil. Corremos el riesgo de convertirnos en un país poco atractivo para las personas de menos edad, que tendrán que soportar una “carga” social y fiscal muy elevada. Es importante empezar a trabajar ya para evitar esa fractura”.

Rosa Kornfeld-Matte advierte que no se debe subestimar ese fenómeno y peor fomentar la discriminación, al ser esta la raíz de la marginación, la exclusión social y el aislamiento de las personas mayores.

El envejecimiento de la población plantea varios asuntos fundamentales a los responsables políticos. ¿Cómo podemos ayudar a las personas a que sigan siendo independientes y activas a medida que envejecen? ¿Cómo podemos reforzar las políticas de promoción y prevención de la salud, especialmente las dirigidas a los adultos mayores? ¿Cómo mejorar la calidad de vida en la edad avanzada? ¿Hará quebrar tal cantidad del grupo etario los sistemas sanitarios y sociales? ¿Cómo repartir de forma equilibrada el cuidado de los que necesitan asistencia a medida que envejecen entre la familia y el Estado? ¿Cómo reconocer y apoyar el importante papel que desempeñan a medida que envejecen cuidando de otros?

En Ecuador, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), las personas mayores de 60 años sobrepasan 1’300.000. Alrededor de 300.000 reciben una pensión jubilar, incluidos los retirados militares y policías. A través del Bono de Desarrollo Humano (50 dólares mensuales) se cubre a unas 500.000 personas, lo que significa que por fuera queda una cantidad similar de adultos mayores sin ninguna pensión o ayuda económica.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), los países podrán afrontar el envejecimiento poblacional si los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil promulgan políticas y programas de envejecimiento activo que mejoren la salud, la participación y la seguridad de los ciudadanos de mayor edad. Sin embargo, hay que cambiar la mirada negativa hacia los adultos mayores. Son personas que ofrecen valiosos recursos, a menudo ignorados, y que realizan una importante contribución a la estructura de las sociedades, parece ser el mayor reto.

Para quienes hoy sobrepasan los 40 años, la proximidad con la vejez debe ser motivo de reflexión. Y cómo se conciba a esta edad es un punto clave. Es cierto que con los años se pierden facultades, pero no impiden una vida digna, feliz y saludable.

Entre las demandas de los mayores del futuro está presente el poder y el deber de cultivar un envejecimiento positivo, a pesar de los tan temidos achaques, de las pérdidas de memoria o despistes, de la merma de vista u oído, de que les quiten el azúcar y la sal, de la falta de amigos y familiares.

En España, donde el 18% de la población es de adultos mayores, el 86% espera mantenerse activo en la vejez y un 64% dice que la edad no le impedirá disfrutar de la vida, según el estudio ‘Actitudes hacia el envejecimiento’, realizado por Sanitas y Bupa. De 1.000 personas encuestadas, tener buena salud es el aspecto que más valoran los españoles. En este sentido, un 85% relaciona una vida feliz con una vida sana. En porcentajes muy similares, otros aspectos vinculados a la felicidad son una buena forma física, en el 69%; tener una posición económica desahogada, en el 68%, y estar cerca de los seres queridos en el 66%. (O)

Datos

El nuevo paradigma de la vejez significa fomentar su empoderamiento e integración para que se transformen en agentes de cambio y protagonistas de su proceso.

Una revisión de la institucionalidad y las políticas públicas sobre mayores en la región reconocen la urgencia de combinar recursos, promover cambios socioculturales y fomentar la participación de la sociedad civil.

Los adultos mayores demandan a los gobiernos y estados que “los reconozcan como sujetos de derechos, actores del desarrollo con garantías y responsabilidades, respecto a sí mismos y a los demás”.

Sobre los desafíos de la protección internacional de los derechos humanos de las personas mayores se concluye que si bien no hay un vacío jurídico internacional, sí existe un contexto de dispersión normativa que puede provocar su vulneración.

En américa latina y el caribe

Empleo, salud y educación: las nuevas demandas

Una buena educación, oportunidades de empleo y una mejor atención médica son los tres primeros asuntos que las personas mayores de América Latina y el Caribe priorizaron en la Encuesta Global de las Naciones Unidas para un Mundo Mejor, realizada en 2015. Tras estas prioridades seguían una alimentación adecuada a un precio asequible, un gobierno honesto, receptivo y el apoyo para quienes no pueden trabajar.

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), señala que gracias a esta consulta, la más amplia que se ha llevado a cabo en el mundo a propósito de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se sabe cuáles son las principales preocupaciones de las personas mayores. Ahora debemos poner en marcha los medios para subsanar las omisiones del pasado y actuar a la altura de los desafíos que impone la implementación de una agenda transformadora e incluyente.

A medida que desciende la fecundidad y se extiende la esperanza de vida, crece la proporción de población de 60 años y más. En 2016, este grupo etario alcanza 73,5 millones de personas, lo que representa al 11,5% de la población regional. Se prevé que en 2030 la cifra incremente a 121 millones de personas y que en 2050 se llegue a los 200 millones, lo que constituiría el 26% de la población.

En 2100 este segmento podría incluso alcanzar los 270 millones de personas. Estas cifras muestran que, a corto y mediano plazo, es inevitable que aumente el número y la proporción de personas de edad en la población.

El proceso de envejecimiento nos advierte acerca de las presiones fiscales y políticas que experimentarán los sistemas de protección social. En América Latina y el Caribe existe actualmente 7,6 personas de entre 20 y 64 años por cada persona de 65 años y más (cerca del doble que en Europa y en América del Norte), pero se espera que en 2050 este indicador esté por debajo de las 3 personas en la región.

Ante este escenario, cabe ponderar los medios con los que contamos para crear un entorno propicio que responda a las necesidades de las personas mayores y que, a la vez, permita avanzar en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Las instituciones públicas son algo más que el rostro del Estado: son el marco social para la acción. Constituyen instrumentos fundamentales para la implementación nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en el caso de las personas mayores u otros grupos en condición de vulnerabilidad, representan el acuerdo político que abre las puertas del Estado a sus demandas, intereses y necesidades. De ellas depende la confianza en los gobiernos, la posibilidad de compatibilizar intereses en pos del bien común y la producción de bases sólidas para la cooperación entre los distintos sectores de la sociedad.

Los gobiernos de la región deben escuchar las opiniones de las personas mayores y brindarles, a través de sus instituciones, la certeza de que desplegarán el máximo de recursos disponibles para proteger su dignidad y asegurar la igualdad. Este es el propósito más profundo del desarrollo sostenible y de la agenda para su consecución aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. (O)