Ecuador está envejeciendo y de manera rápida. Para 2050, el país tendrá más del 14% de su población sobre los 65 años de edad. Esto representa cerca de 5 millones de personas adultas mayores, 4 veces más que la población actual. Así lo reflejan las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El paulatino pero inexorable envejecimiento de la población es un fenómeno que afecta a la región y al mundo en general. La preocupación ante esta situación radica en que los países latinos lo están haciendo a un ritmo más acelerado en relación al registrado históricamente en los países desarrollados, como España, Alemania y Japón.

En América Latina el contexto también es diferente: existe una persistente desigualdad, un débil desarrollo institucional y sistemas de protección social de baja cobertura y calidad. Los indicadores de envejecimiento de la población muestran una gran heterogeneidad. En 1995 la proporción de personas de 60 y más años, en un país de transición demográfica moderada como Guatemala, apenas superaba el 5%, mientras que Uruguay, con una transición avanzada y precoz, alcanzaba el 17%.

América Latina y el Caribe, como consecuencia del boom de nacimientos, ocurrido hace cuatro o cinco décadas atrás, enfrentará un aumento de las personas mayores de 60 años. Entre 2010 y 2025 la tasa de crecimiento de ese segmento se acercará al 4% anual, mayor aún a la que existió para la población total durante la llamada explosión demográfica. A partir de 2000 este grupo de población de adultos mayores se duplicará en apenas dos décadas, alcanzando aproximadamente a 80 millones de personas.

¿Cómo prepararse para esta nueva realidad? ¿Qué políticas se deben adoptar frente al envejecimiento de la población? ¿Cómo cubrir la demanda de nuevos servicios especializados para los adultos mayores? ¿De qué manera se atiende a la población mayor de 65 años en la actualidad? Las interrogantes son varias y ameritan acciones inmediatas, como lo advierte la Cepal, antes de que influyan en la economía y el desarrollo de los países.

En el caso de Ecuador, a partir de la Constitución de 2008, se crea una nueva relación entre política pública, garantía de derechos y objetivos del desarrollo. Se define que “los servicios públicos dejan de ser simples prestaciones sociales para convertirse en medios para la garantía de derechos”. Desde estos lineamientos, se crea un sistema de protección integral en las diferentes etapas de vida mediante la participación y corresponsabilidad estatal, social y familiar, orientado al  cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores expresados en la Constitución.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), como rector de las nuevas políticas, apunta a promover un envejecimiento positivo, a través de un sistema de servicios de atención y cuidado, que propicie la inclusión social y económica de los adultos mayores y en particular de las que están en situación de mayor vulnerabilidad.

La población adulta mayor se diferencia de las demás por ser más vulnerable debido a que sus condiciones físicas, mentales y sociales se deterioran y agravan con el paso de los años, más aún en el caso de las mujeres. Otro aspecto que marca el envejecimiento es el entorno negativo que existe, los prejuicios, mitos y estereotipos que en ocasiones son los factores que influyen más en contra de los derechos y calidad de vida de los adultos mayores.

Para atender a los grupos prioritarios y en situación de vulnerabilidad, el MIES cuenta con 14 centros gerontológicos, con modalidades diurna, atención domiciliar y espacios alternativos. Mediante 437 convenios se amplió en 2015 la cobertura de los servicios para personas adultas mayores a través de municipios, juntas parroquiales, organizaciones de la sociedad civil, religiosas y universidades.

En 2013, el MIES suscribió 165 convenios por 5 millones de dólares  para atender a 14.000 adultos mayores. En 2014 se incrementó a 322 y se invirtieron 12’834.941 dólares para beneficio de más de 59.869 personas. En 2015 se atenderá a 75.914 con cerca de 20 millones.

Sin embargo, y frente al envejecimiento poblacional, se requiere también trabajar con quienes están en este proceso. Para Nilka Pérez, subsecretaria de Atención Intergeneracional del MIES, los programas de cuidado, alimentación desde tempranas edades, acceso a la salud y educación permitirán a futuro contar con generaciones de adultos mayores en mejores condiciones.

Por ello, destaca las políticas del actual Gobierno para los grupos vulnerables de adultos mayores y en proceso de envejecimiento. (I)