Argentina lidera en la región la ejecución de políticas públicas a favor de los ancianos. Un ejemplo fue su liderazgo para la aprobación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos para las Personas Mayores. A nivel interno, las políticas sociales se han enfocado en la participación, la inclusión, la organización, la creatividad, el trabajo, la seguridad social, la diversidad sexual, el género, entre otras, que ratifiquen los derechos de todos los grupos etarios.

Este proceso ha sido fruto de años de trabajo, que ahora con el triunfo de un gobierno de tendencia liberal como es el del actual presidente Mauricio Macri (se autocalifica de centroderecha), se pone en duda.

¿Qué está pasando en Argentina con esas conquistas sociales?, ¿sus beneficiarios están empoderados en sus derechos?; ¿se escuchan las voces de las personas mayores?

Mónica Roque fue directora Nacional de Políticas para Adultos Mayores en el Ministerio de Desarrollo Social y coordinadora General del Plan Nacional de las Personas Mayores de su país.

También fue presidenta de la delegación Argentina ante las Naciones Unidas y la OEA en el grupo de trabajo sobre la Convención de Derechos Humanos para las Personas Mayores; directora de la carrera de posgrado Especialización en Gerontología Comunitaria e Institucional. ¿Cuál es su criterio de lo que sucede actualmente en Argentina en la parte social y en especial con los adultos mayores? Ese es el tema central de la siguiente entrevista.

Argentina es uno de los países de América Latina que hasta antes de 2016 lideró la ejecución de políticas públicas en el ámbito social que cambiaron la vida de miles de ciudadanos en condiciones de exclusión; y lo hicieron partiendo de algo fundamental, el cumplimiento y garantía de sus derechos; sin embargo, ahora ¿qué está pasando con esas conquistas?

Esas conquistas se han perdido y te doy algunos ejemplos: el PAMI, que es el seguro de salud para los jubilados nacionales que son en mi país el 80% de los jubilados, alrededor de 5 millones de personas de 60 años y más, hasta diciembre de 2015 tenían la medicación de las patologías crónicas gratuitas, sí gratuitas, y el gobierno actual dispuso que un número importante de esa medicación ahora sea a cargo de las personas mayores en el 50% del costo. Con lo cual todos sabemos que las jubilaciones por sí solas no alcanzan y que uno de los gastos fundamentales de las personas mayores son los medicamentos que hoy ellos no pueden comparar con el consiguiente deterioro a su salud.

El aumento de la jubilación solo subió el 15% mientras que la inflación es del 40% y a eso se le suma los tarifazos de gas, luz y agua, produciendo que las personas mayores hoy no tengan para los gastos básicos y muchos de ellos han caído en la línea de la pobreza.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner incorporó al sistema previsional a más de 2,5 millones de personas que estaban fuera del sistema, hecho que produjo que el 97% de la población en edad jubilatoria accediera al sistema de jubilación. El gobierno actual quiere anular la moratoria previsional y si esto se produce quedarían fuera del sistema miles de personas que teniendo la edad jubilatoria les faltan años de aporte.

Quieren incrementar la edad jubilatoria, lo que resulta catastrófico en un país que cada vez más presenta desempleo o donde se incrementa el trabajo informal. El gobierno actual ha producido una ola de despidos y de cierres de pymes, el desempleo crece de manera exponencial y mucho más el trabajo informal, por lo cual la gente no puede realizar sus aportes al sistema previsional, y de aumentarse la edad, el número de personas en condiciones de jubilarse sería mínimo.

Todo proceso social requiere tiempo, convicción, militancia, empoderamiento colectivo, ¿las reivindicaciones logradas han resistido a los recortes presupuestarios desde el gobierno o a la imposición de nuevos modelos?

El empoderamiento es muy importante, pero no alcanza cuando el gobierno neoliberal es brutal y salvaje como el que se está produciendo en mi país. Arrasan con las leyes, compran a los jueces, a los ciudadanos los amenazan con despedirlos si se quejan, y esto produce miedo y desmovilización. Contra esto debemos luchar, cuando somos muchos, nos unimos, no nos dejamos intimidar, y demostramos que la fuerza del pueblo en la calle vale mucho más, ya hemos tenido prueba de ello en nuestro país en 2001, cuando el pueblo salió a la calle a pedir que se fuera De la Rúa. (El cacerolazo o argentinazo fue una crisis política, económica, social e institucional potenciada por una revuelta popular generalizada que, bajo el lema: “¡Qué se vayan todos!”, causó la renuncia del entonces presidente, Fernando de la Rúa).

¿Qué ha significado el despido de miles de trabajadores del sector social?

Además de lo terrible que es que un trabajador de años se quede fuera del mercado laboral sin posibilidades de incluirse en otro sector formal, el despido de trabajadores del sector social afecta las políticas destinadas a las personas mayores, menos prestaciones, menos ayuda, menos salud, menos medicamentos, menos subsidios, y peores condiciones de vida para los mayores.

Aumentar la edad de la jubilación o reformar el marco de la Ley de Seguridad Social son temas que el nuevo gobierno no ha descartado, ¿son estos una solución?

Como lo digo en párrafos anteriores, es un gran retroceso en estos momentos por las políticas exclusivas del mercado laboral, que hará que miles de personas no puedan acceder a la jubilación.

El aumento de la edad jubilatoria debe ser pensado en un contexto social inclusivo, de manera gradual, progresiva y en un país con pleno empleo. Además, el quedarse más años en el sistema laboral debe ser voluntario no compulsivo.

¿Se está mirando a los viejos más como un problema o como sujetos de derechos?

Está claro que este gobierno sigue las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) que los ve como un problema, nunca como un logro de la humanidad, y como un aporte a la construcción de sociedades maduras y justas.

Hay un tema muy preocupante como mencionaba anteriormente. Argentina ha liderado procesos sociales y uno de ellos fue la aprobación de la Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. ¿Cómo garantizar que estos logros tan importantes no se conviertan en letra muerta ante tendencias políticas diferentes de los gobiernos de la región?

Debemos organizarnos para exigir a los Estados su cumplimiento, pero el mayor logro sería que tuviéramos gobiernos que defendieran los derechos humanos. Votar por un gobierno liberal es sentenciarnos a la indigencia, a la exclusión y a la pobreza; a menos derechos, menos dignidad. Votar a gobiernos que defiendan la construcción nacional y popular es la mejor manera de garantizar nuestros derechos. (I)