Mientras la exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, guarda prisión en el Cuartel General Matamoros y el presidente Otto Pérez Molina se atrinchera detrás de la institucionalidad de su cargo, las voces de los ciudadanos que piden en las calles su renuncia aumentan. Así, 72 organizaciones sociales, estudiantiles y campesinas de Guatemala realizarán desde hoy, y durante 3 días, movilizaciones para exigir la dimisión del gobernante, acusado de ser el cabecilla de una banda de defraudación aduanera. Las movilizaciones se realizarán en la capital y en las cabeceras departamentales del país, informó Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), para quien la salida del gobernante “es inminente”. La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) también anunció la suspensión de sus actividades y participará con una manifestación desde el campus central hacia la Plaza de la Constitución, dijo un dirigente estudiantil. En otro punto de la ciudad, el grupo denominado ‘Magisterio en Resistencia’ también respaldó las acciones y convocó a un paro de labores desde hoy para participar de las manifestaciones. Fraude de $ 3,74 millones El presidente Otto Pérez se vio obligado a dar una declaración pública el domingo pasado luego de que el viernes la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig, patrocinada por la ONU) lo acusaran de encabezar, con su exvicepresidenta Roxana Baldetti, la estructura de defraudación aduanera y fraude fiscal denominada ‘La Línea”’ en alusión a los números telefónicos que se usaban para la evasión fiscal. Baldetti, quien renunció en mayo, fue detenida el viernes en un hospital privado donde estaba internada y recluida en un cuartel militar de la capital. La Fiscalía la acusó ayer formalmente de los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo. El fiscal que dirige la acusación, Juan Francisco Sandoval, aseguró que Baldetti formó parte, durante un tiempo, de la red que permitió la entrada de al menos 1.561 contenedores que habrían defraudado 28’556.000 quetzales ($ 3,74 millones). Para sustentar esta acusación, la Fiscalía presentará al juzgado las escuchas telefónicas en las que los integrantes de la red negocian el ingreso de los contenedores. En tanto, Pérez Molina rechazó “categóricamente” el involucramiento que las instituciones encargadas de las investigaciones hicieron en su contra. “Rechazo mi vinculación a la misma y el haber recibido dinero alguno de esa operación de defraudación aduanera. Mi conciencia está tranquila”, declaró y acusó al gremio empresarial de estar involucrado en la defraudación. VIDEO El presidente también arremetió contra la Cicig y la acusó de intervencionista. “No es aceptable que en Guatemala se pretenda instalar una estrategia intervencionista que tiene como objetivo dictarnos qué hacer o dejar de hacer y quebrantar la democracia”, advirtió. Sin embargo, para la fiscal general, Thelma Aldana, y el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, no tienen dudas: hay suficientes evidencias para que Baldetti enfrente un juicio y para que al presidente Pérez Molina se le retire su derecho a antejuicio y pueda ser investigado. En uno de los informes de la investigación que inició en abril, Velásquez expresa: “Encontramos documentos que revelaban relaciones cercanas entre el señor presidente de la República y la entonces vicepresidenta con integrantes de la organización criminal que habíamos presentado el 16 de abril, unas relaciones que tenían que ver con administración de negocios, temas financieros”. No obstante, el Congreso de Guatemala suspendió el pasado 13 de agosto el proceso para despojar de la inmunidad al presidente Otto Pérez, con lo cual logró paralizar la medida y evitar que sea destituido y sometido a los tribunales, un trámite que se denomina antejuicio. Además, el mandatario ratificó su permanencia en el cargo, pero deberá reestructurar su gabinete de gobierno para terminar su mandato en enero de 2016, pues cuatro de los 14 ministros renunciaron luego de que estalló el escándalo de su participación en la red de fraude. En los últimos meses, las protestas callejeras han sido múltiples y pacíficas en el país, que está convocado a renovar el 6 de septiembre próximo los cargos de presidente, vicepresidente, 158 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 338 corporaciones municipales para el período 2016-2020. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, consideró que Guatemala puede resolver su situación a través del voto, garantizándose de esa manera la continuidad del proceso democrático. (I)