Los independentistas catalanes se mostraron determinados ayer un día después de la victoria del ‘No’ en Escocia, a proseguir su camino hacia un referéndum soberanista el 9 de noviembre, pese a la oposición de Madrid, “muy feliz” por el resultado escocés. “El proceso catalán continúa”, afirmó el presidente regional, el nacionalista conservador Artur Mas. “Si alguien se podía hacer alguna ilusión que la victoria del ‘No’ en Escocia pudiese proyectar una sombra sobre el proceso catalán, que se desengañe”, subrayó. Mientras Europa tenía los ojos clavados en el Reino Unido, Cataluña dio un nuevo paso hacia la consulta sobre su secesión de España aprobando la Ley de Consultas regional que servirá de marco legal para su convocatoria. El texto, aprobado por el Parlamento regional con 106 votos a favor y 28 en contra, autoriza al Gobierno catalán a organizar consultas populares no vinculantes dentro de su “ámbito de competencias”, lo que a priori no incluye la integridad territorial española. Sin embargo, alegando que la consulta es un “instrumento dirigido a conocer la posición de la ciudadanía” catalana, según la propia ley, Mas debe convocar próximamente a los catalanes a votar el 9 de noviembre sobre la independencia. A diferencia de Londres, que permitió el referéndum y negoció sus términos con Escocia, el Gobierno español del conservador Partido Popular ha anunciado que anulará la consulta catalana por ir en contra de la Constitución. Cientos de miles de personas se manifestaron en Barcelona la semana pasada, reivindicando el derecho a realizar una consulta, y los sondeos muestran que el 80% de los catalanes quiere decidir sobre su independencia, incluso aunque no esté a favor de esta. 4 regiones de España reclaman mayores derechos El País Vasco también reclama su independencia. En 1958, durante la dictadura franquista, nació el movimiento separatista Euskadi Ta Askatasuna (ETA), que apeló a métodos terroristas en busca de la autonomía. Pero en 2011 el grupo anunció un alto el fuego, se desarticuló y optó por recurrir a una transición por la vía política. Regiones como Andalucía, Galicia y la Comunidad Valenciana reclaman más derechos a los gobiernos locales, pero en una separación del territorio español.