El conflicto vasco entra en una nueva fase de cara a su resolución. La organización independentista vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA) anunció el domingo el “desmantelamiento” de las “estructuras logísticas y operativas” que han sostenido su actividad armada durante más de 5 décadas. La decisión fue hecha pública a través de un comunicado remitido al diario Gara y supone un paso más en la estrategia basada en vías “exclusivamente políticas y democráticas” abierta por la izquierda soberanista en 2010, que vino acompañada por el “cese definitivo” decretado por ETA un año más tarde. Los partidos vascos reaccionaron divididos ante el anuncio mientras que el Gobierno español, presidido por Mariano Rajoy (Partido Popular), se mantuvo en su posición de rechazo a dar pasos hacia un proceso de paz, negándose a abordar cuestiones clave como la situación de los cerca de 500 presos vascos (la mayoría está alejado a cientos de kilómetros de sus familias a causa de la política de dispersión de prisioneros) o el desarme definitivo. Desde el surgimiento de ETA -cuyo nombre significa País Vasco y libertad- en 1958, un total de 829 personas ha perdido la vida en acciones de esta organización, mientras que otras 492 han muerto por la acción de la policía, de los grupos parapoliciales o terrorismo de Estado. “Hemos acabado con la lucha armada que ha sido el principal modo de lucha de nuestra organización y hemos renovado toda la estrategia”, indicó el comunicado, que anuncia la reestructuración destinada a completar el sellado de sus depósitos de armas y reforzar sus aparatos  políticos, “así como los que tienen como objetivo propiciar conversaciones entre las diferentes partes para avanzar en el proceso de paz”. La histórica declaración llega apenas 4 días después de la última visita al País Vasco de los mediadores internacionales, Jonathan Powell (antiguo jefe de gabinete del primer ministro británico, Tony Blair), y Martin McGuiness (viceprimer ministro de Irlanda del Norte y uno de los líderes del Sinn Féin, formación republicana norirlandesa), que mantuvieron reuniones con la mayoría de partidos vascos, salvo el PP, y representantes del Gobierno vasco, presidido por Iñigo Urkullu. Con quien no pudieron encontrarse fue con el Ejecutivo español, que rechaza su labor y aboga por la solución policial. Lejos de intercambiar opiniones con figuras de gran relevancia internacional, la posición de Madrid ha sido de abierta hostilidad. De hecho los expertos que colaboraban en la verificación del desarme fueron citados a declarar ante un juez de la Audiencia Nacional el pasado febrero, cuando se hizo pública la imagen de miembros de ETA inutilizando diversas armas ante estos facilitadores. Entre ellos se encontraba, por ejemplo, Ronnie Kasrils, exministro sudafricano y compañero de Nelson Mandela en la lucha contra el apartheid. La decisión de ETA implica la desactivación de las estructuras que empleó para atentar durante los últimos 50 años. Sin embargo, todavía quedan muchas tareas pendientes, tanto en la superación de las consecuencias del conflicto como a la hora de buscar acuerdos políticos en el País Vasco. Sobre las consecuencias, la organización armada plantea en su comunicado 3 retos: “la vuelta a casa de todos los presos y exiliados, el desarme acordado y ordenado de ETA y la desmilitarización”. Unas demandas que no encuentran respuesta en Madrid, donde el Gobierno de Rajoy se encuentra más preocupado de hacer frente a la grave crisis (económica, territorial, marcada por el proceso independentista catalán, y de legitimidad) que afecta al Estado. Frente a las grandes escenificaciones que acompañaron hasta hace no mucho todos los pronunciamientos del Ejecutivo español en relación con el conflicto vasco, el comunicado no provocó la reacción de Rajoy. Fuentes del Ministerio del Interior insistieron en que el único anuncio que esperan de ETA es el de su “disolución incondicional”. No hubo más pronunciamientos por parte de la administración de Madrid. “Esta actitud se basa en una lógica que responde a un contexto de enfrentamiento armado y no a un  proceso de paz”, considera Iñaki Soto, director del diario Gara, periódico al que ETA remitió su comunicado. “Sigue habiendo presos y siguen teniendo un problema de seguridad en medio de Europa. Existen unos arsenales, se pone la disposición de inutilizarlos y los gobiernos se niegan. No es fácil de comprender desde un punto de vista objetivo y de seguridad”, afirma Soto. En opinión del periodista, este es “un paso muy importante”. “Se han desmovilizado todos los voluntarios (de ETA) y a partir de ahora entrarán a formar parte de la vida política civil en un proceso que tiene que ser democrático”. Frente al silencio institucional de Madrid, todo el espectro político vasco reaccionó ante el anuncio de ETA. Eso sí, las respuestas sintetizaron las diversas posiciones existentes hacia el proceso de paz. El Gobierno vasco, por boca de su portavoz, Josu Erkoreka (PNV), mostró su disposición a “colaborar con quienes en el ámbito internacional vienen trabajando en la verificación del fin definitivo” de la organización armada. En el ámbito parlamentario, quien más satisfecho se mostró fue EH Bildu, frente amplio que une a los sectores soberanistas y de izquierdas y segunda fuerza en el Parlamento vasco con 21 escaños de 75. Su portavoz, Julen Arzuaga, señaló a EL TELÉGRAFO que “no es muy habitual que organizaciones armadas den un paso de forma unilateral para alimentar una solución en clave del proceso democrático”. Como gran consecuencia práctica, Arzuaga insistió en que “ya no se puede considerar (a ETA) una organización armada”. En el reverso de estos planteamientos de mano tendida se encuentran en PP y PSOE, formaciones unionistas y minoritarias en la cámara vasca, que se limitaron a considerar que el anuncio de ETA de desmantelar sus estructuras era “más de lo mismo”. El proceso abierto en el País Vasco todavía tiene un gran recorrido por delante tras décadas de confrontación armada. Por una parte existen cuestiones técnicas, como los arsenales que ETA va a proceder a sellar que requerirían la implicación de los gobiernos. “Sería una frivolidad no afrontar un desarme ordenado, verificable y seguro”, argumenta Julen Arzuaga. Por otra la existencia de cerca de 500 presos dispersados en cárceles españolas y francesas. Una abrumadora mayoría de la sociedad vasca (75% según la encuesta sociológica del Gobierno vasco) pide movimientos para humanizar su situación. Además, queda pendiente el desarrollo de un acuerdo que resuelva el conflicto político abierto en este territorio dividido entre 2 Estados y 3 administraciones territoriales diferentes (2 en España y una en Francia). Un pacto que debería permitir a la población vasca decidir sobre su organización administrativa, algo que rechaza el Gobierno español. “Es bastante frustrante que por parte española no se haga un movimiento”, considera Iñaki Soto, que indica que la liberación de Arnaldo Otegi, líder de la izquierda independentista encarcelado desde 2009, podría constituir un gesto. No obstante, y pese a las reticencias de Madrid, se alzan voces que llaman a la esperanza. Entre ellas, la de Martin McGuiness (cuyo relevante papel en el proceso de paz irlandés lo convierte en una voz autorizada), quien habló el domingo de “gran paso adelante” e invitó a aprovechar la oportunidad. El Gobierno español, por el momento, sigue sin dar acuse de recibo. Sin embargo, la situación ha cambiado y este es un hecho irrefutable. Como resume Julen Arzuaga: “se ha acabado la confrontación armada, ahora es tiempo de confrontación política”.