En estos tiempos hablar de comunicación, su economía y sus políticas es de indudable interés público, en cuanto es vital para la construcción de las sociedades democráticas contemporáneas.

Los cambios generados en América Latina los últimos 10 o 15 años han significado profundas transformaciones normativas y políticas como parte de las disputas por la hegemonía en el campo comunicacional de varias sociedades de la región, y de ahí la necesidad de priorizar a la ciudadanía como el titular, no solo de los derechos, sino el sujeto que oriente esos cambios.

Pues, no basta el reconocimiento jurídico de los derechos de la ciudadanía; el diseño y ejecución de políticas públicas que acompañen los cambios normativos, hace falta que la ciudadanía direccione los procesos de cambio y que estos toquen los “sentidos sociales profundos”, es decir su “dimensión cultural” y que el propio Estado se transforme con estos cambios para obedecer a sus mandantes, los ciudadanos.

Los procesos de cambio en materia de comunicación en los países de Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia y en menor medida en Uruguay y Brasil, han implicado, entre otros, retomar la preocupación por el tema de los derechos ciudadanos, las políticas de inclusión social y de igualdad vía acciones afirmativas.

También se insertan en el proceso la redistribución más equitativa de los capitales materiales y simbólicos como es el proceso de distribución equitativa (y aun tripartita) de frecuencias del espectro radioeléctrico, la “nacionalización” de recursos comunicativos (como las cuotas de programación y de pantalla con productos audiovisuales nacionales e independientes), políticas de recuperación de memoria, de búsqueda de la verdad, y de mejoramiento en la administración de justicia (a través de Comisiones de la Verdad, entre otras).

De igual forma, un rápido análisis saca a luz algunas de las estrategias de oposición a estos procesos de cambio estructural, y en el ámbito de la comunicación y la cultura podemos mencionar: mecanismos “frentistas” de bloqueo a la aprobación de nuevos marcos legales (leyes de medios y de comunicación), sostenidas campañas mediáticas de construcción de opinión “opositora y deslegitimadora” a nivel interno e internacional, demandas de inconstitucionalidad una vez que han sido aprobadas las leyes de medios o de comunicación (como en los casos de Argentina y Ecuador).

En este panorama se podrían plantear los desafíos que se presentan en lo que se puede decir es un “segundo momento” en la disputa de hegemonía con los poderes mediáticos y con las políticas neoliberales en clave de recomposición, que incluye la adaptación de los “grandes medios” a las nuevas legislaciones, y un lento avance -y hasta períodos de estancamiento- en la democratización comunicacional y cultural.

Sobre esta base hay tareas urgentes.

Identificar, a través del intercambio de las diversas experiencias nacionales, los nudos críticos que ponen en riesgo la aplicación de los nuevos marcos regulatorios.

Por ejemplo, en muchos de nuestros países hay quizá un debate “casi ganado” respecto a asumir la comunicación como un derecho humano y no como simple mercancía cuyo valor lo asigna el mercado; pero este debate no desciende a la calle, no se hace carne entre los grupos potencialmente beneficiados por los cambios.

Es imperioso también reinventar las formas políticas y estéticas de develamiento y de denuncia de los poderes e intereses que ocultan estos medios cuando construyen la información.

Es necesario diseñar y ejecutar innovadoras políticas comunicacionales estatales que permiten el acceso a la comunicación desde posiciones que durante décadas habían sido negadas por la hegemonía neoliberal, pero que incorporan los derechos de participación de la ciudadanía que son los menos potenciados hasta ahora.

Pero en este proceso lo más importante será imaginar cómo aumentar la participación ciudadana y ampliar sustantivamente en el sistema mediático la presencia de medios públicos y comunitarios, que se han visto constantemente condicionadas y en ocasiones limitadas por la dificultad de manejar estratégicamente los disensos.

En definitiva hay que aterrizar desde los enfoques abstractos, idealistas o tecnócratas referidos a la comunicación.

Hay que superar la conservadora definición liberal del derecho (especialmente aquellos referidos al derecho a la libertad de expresión y libertad de prensa) y hay que ir más allá de una construcción formal de ciudadanía que podría devenir en una “falsa igualdad” o en una mera “igualdad formal”; y así transitar hacia una apropiación ciudadana de los temas y los leitmotiv de las luchas políticas por una comunicación democrática y soberana.

Lo que está claro es lo indispensable de replantear una “agenda regional” que considere las contradicciones irresueltas y las particularidades de cada país, la creación de redes de reflexión-acción, redes inter- o transdisciplinarias que se extiendan en su trabajo hacia las prácticas sociales.

Las nuevas “ciudadanías comunicativas” tienen que enlazarse en clave regional así como ha pasado con temas como las luchas ambientales, por la soberanía alimentaria, por derechos de minorías, etc.

La clave regional puede ser la clave de la repotenciación de los procesos nacionales de ciudadanización y real democratización de la comunicación.