Carlos estaba desesperado. Este hombre de 34 años se sentía perseguido, desprotegido. Todo se debía a que había denunciado una supuesta violación que sufría su hija por parte de su padrastro.

Este sujeto, oriundo de Milagro, pero que reside en Guayaquil desde hace 20 años, se separó de su  esposa en 2009 y ella empezó un nuevo compromiso con otra persona. La hija de la pareja, de 15 años, se fue a vivir con su madre.

La menor le contó a su padre hace seis meses que sufría maltratos y violaciones por parte de su padrastro. Carlos no quiso enfrentar al supuesto agresor, ya que “es un hombre problemático”, sino que acudió a la Fiscalía del Guayas a poner la denuncia de los ataques que padece su única hija, según ella.

“A los dos meses que puse la denuncia recibí una llamada para que no siga con el proceso. Como no accedí, unos días después dos tipos me golpearon y me dijeron que quite la denuncia o que me atenga a las consecuencias”, narró Carlos, quien tras la agresión se acogió al sistema de Protección de Víctimas y Testigos, que tiene la Fiscalía General del Estado.

Luego de tomar esta decisión, el hombre recibió ayuda para  no ser blanco fácil. Carlos fue cambiado de domicilio y la Fiscalía le consiguió otro trabajo.

Cerca del 75% de los casos de víctimas y testigos que protege el sistema  son por violencia sexual. Hay quienes se acogen a esto por problemas como violencia intrafamiliar, tentativas de asesinato, homicidios y  amenazas de muerte.

La protección de víctimas y testigos está garantizada
en el artículo 78
de la ConstituciónPara que una persona ingrese al sistema, la Fiscalía realiza un análisis exhaustivo. Hay tres escalas en las que se califica a los postulantes a ingresar al programa: el nivel más bajo va del 1% a 33% de posibilidad de sufrir un atentado; luego vienen las personas que están en el rango de entre el 34% y 66%; por último están las potenciales víctimas, con un 67% en adelante. En los casos extremos, la persona tiene acompañamiento policial todos los días.

Si el fiscal que lleva el caso determina que la persona necesita entrar al proceso, aunque  no haya solicitado la ayuda del sistema de Víctimas y Testigos, puede actuar de oficio y ordenar que el ciudadano ingrese al plan.

Byron Castro, coordinador del Programa de Protección de Víctimas y Testigos en Guayas, destacó: “El derecho a la vida sobrepasa todos los derechos, hasta el de la libertad de las personas”.

El funcionario indicó que el programa trabaja con tres equipos técnicos: el área psicológica,  trabajo social y el cuidado por agentes de la Policía Judicial.

El resguardo de víctimas y testigos está garantizado en el artículo 78 de la Constitución del Ecuador: “Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial... se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado”.

Además de las víctimas y los testigos inmersos en un proceso, el programa protege a los fiscales, jueces, defensores públicos y peritos, cuyas vidas estén en riesgo.