Las estructuras de 5 provincias están afectadas
Técnicos elaboran informe de daños en edificios judiciales
El Consejo de la Judicatura (CJ), presidido por Gustavo Jalkh, destinó $ 500.000 para atender los problemas presentados en las unidades judiciales del país, tras el terremoto ocurrido el fin de semana último.
En Guayaquil, la unidad de Flagrancia que funciona en la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) del Cuartel Modelo, ubicado en la Av. de las Américas, se trasladó al complejo judicial Albanborja por problemas en la estructura física. Desde el lunes último, personal de la unidad de Infraestructura de la Judicatura efectuó una valoración técnica de las edificaciones judiciales.
Tras la inspección en cada una de las jurisdicciones se determinó que hay novedades en Manabí, Guayas, Los Ríos, Esmeraldas y Cotopaxi, en las cuales se puso en marcha un plan de contingencia que incluye la asignación emergente de $ 500.000. Estos recursos servirán para ejecutar acciones logísticas y administrativas que permitan retomar la atención a la ciudadanía en el menor tiempo posible, informó Jalkh.
El servicio judicial fue suspendido en determinados cantones en lo que respecta a las materias civiles. Esto implica que en este tipo de causas, los tiempos procesales también se suspenden y se retomarán una vez rehabilitado el servicio. “Si una persona tiene, por ejemplo, tres días para presentar un recurso y si en ese tiempo no hay servicio judicial, entonces no se cuentan esos días, así lo establece el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil dando, de esta manera, seguridad jurídica a las personas que tienen sus trámites pendientes”, afirmó. En materia penal, la atención continúa y los tiempos procesales no se alteran, agregó.
El martes último Jalkh visitó las instalaciones del complejo judicial Albanborja, donde desde el lunes se atienden los casos de flagrancia. Posteriormente, se trasladó a la Unidad de Vigilancia Comunitaria del Cuartel Modelo, donde atendía la unidad de Flagrancia afectada por el sismo. Desde ayer se encuentra en Manabí para constatar los daños en las estructuras judiciales. (I)
