Siguen los sellos

Estimados colegas y ciudadanía toda, a pesar de mi firme convicción de siempre presentar un punto de vista positivo, que dé luces en la construcción de una mejor sociedad, no siempre se puede. Hoy quiero referirme al maltrato, que como ciudadanos y como profesionales se sigue dando en ciertos centros carcelarios del país al momento de ingresar a visitar o dialogar en el ámbito profesional, según sea el caso, con las personas privadas de libertad.

Las continuas quejas que llegan a mi despacho, y que se han incrementado en los últimos días, dan cuenta de insultos, manoseos invasivos, violación al pudor, confiscación temporal de equipos y herramientas de trabajo, así como de la puesta de un sello en el brazo, marcación  como un tipo más de ganado, entre otros, son algunos de los vejámenes que se están dando en el ingreso de ciertos llamados “Centros de Rehabilitación Social” del país.

Desde el año 2013, en que asumimos la responsabilidad de defender el ejercicio de la profesión del abogado en la provincia de Guayas, hemos llevado a cabo un sinnúmero de reuniones de trabajo con las distintas autoridades que han estado al frente del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en algunas ocasiones acercándonos más que en otras al cumplimiento de nuestras metas en defensa de los derechos profesionales y ciudadanos, y si bien es cierto, luego de nuestra presencia, se corrigen estos procedimientos, tal parece, que la buena práctica se desvanece en el tiempo, pues se retorna a estos “controles”, que genera que insistamos permanentemente a las pertinentes autoridades, la necesidad del cumplimiento cabal y respetuoso de cada función pública.

Directores de ciertos centros penitenciarios han hecho oído sordos al reclamo planteado, por lo que veo la necesidad de hacer un llamado a la conciencia de forma pública y enérgica y trasladar la protesta de los profesionales del derecho del país y de la ciudadanía en general, quienes no toleramos más abusos tanto de parte del personal administrativo y/o de la fuerza pública, cuando se pretende ingresar para el diálogo con un cliente o con un familiar que se encuentre cumpliendo la sanción que la ley le ha impuesto.

Si bien es cierto, la máxima autoridad del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos siempre se ha manifestado abierta para erradicar los vejámenes en los necesarios controles, ya en el sitio esta orden no su cumple, por lo que le sugiero envíe personal civil de incógnito, que pretenda ingresar bajo la excusa de reunirse con un familiar o patrocinado, y pueda constatar y vivir la realidad que día a día nuestra ciudadanía recibe.

Soy un firme creyente de la unidad y del trabajo en equipo, esta ocasión no será la excepción, seguiré en mi constante lucha para mejorar nuestro ejercicio profesional, para que juntos, solo juntos, podamos encontrar el camino definitivo que permita un pulcro ejercicio profesional junto con el respeto de los derechos humanos y ciudadanos.  

¡Juntos somos invencibles! (O)