Sí es necesario un abogado

Apreciados lectores, comparto con ustedes una profunda preocupación respecto de los carteles que se exhiben en ciertas dependencias públicas en los que sugieren a sus usuarios no recurrir a la asesoría de un abogado para gestionar ciertos trámites en ellas.

Estoy de acuerdo en que hay gestiones administrativas que no requieren el acompañamiento profesional, pero existen otras diligencias en las que sí es necesaria la asesoría de un profesional del derecho.

Yo les consulto, acaso si ¿para emitir una receta médica, no es necesario un médico?, o ¿para conceder un permiso de construcción no se requiere la presentación de los planos arquitectónicos de la obra, con la firma de responsabilidad de un arquitecto? Evidentemente su respuesta a estas preguntas será un rotundo sí. Entonces, ¿por qué para interponer una demanda, denuncia o requerimiento judicial de cualquier índole, se enuncia que no necesita la intervención de un abogado?

Los abogados estamos en constante preparación académica, atendiendo los conflictos judiciales que nuestros clientes nos presentan, pero también nos encargamos de asesorar y defender los derechos de los ciudadanos, para prevenir que los malos abusen de los buenos, para establecer el orden público, para respetar y hacer respetar las normas de convivencia de una sociedad que constan identificadas en la Ley.

Las autoridades aseguran que lo que se busca es aminorar el costo del servicio a la ciudadanía. Pero esta “facilidad” genera desigualdad de condiciones, ya que no siempre la otra parte acude sin un abogado que la oriente y asesore.

El no contar con un abogado que asesore y defienda nuestros derechos es tan riesgoso como automedicarse, como permitir que un albañil sin conocimiento ni dirección técnica construya un edificio.

Un mal planteamiento de una acción judicial puede presentar consecuencias nefastas en, por mencionar materias como la penal, civil, laboral o administrativa, en contra de quien lo solicita de forma independiente, sin el asesoramiento de un abogado.

¿Qué ocurre, por ejemplo, con el ciudadano que quiere comprar una casa y no se asesora de un abogado que lo oriente y prevenga de inescrupulosos estafadores, y paga el dinero que le solicitan por una propiedad que puede resultar no ser de quien dice ser su dueño, o que pueda estar constituida como patrimonio familiar, o esté hipotecada, o que simplemente represente un engaño contra el comprador y su patrimonio?

¿El Estado le devolverá a este ciudadano los valores con los que lo han engañado? Honestamente no creo que esto suceda.

Esta práctica está lesionando el ejercicio de la profesión del abogado, restándoles espacios a nuestros colegas, generando incertidumbre e inestabilidad económica.

Esperamos que las Unidades Judiciales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, las Unidades de lo Laboral, la Fiscalía y todas las instituciones públicas que sin un concienzudo análisis han señalado la no necesidad de un abogado para el ejercicio de los derechos ciudadanos, rectifiquen el daño que le están causando no solo a los profesionales del derecho a nivel nacional, sino de manera directa a la ciudadanía toda, que sin abogados queda expuesta al abuso y al ultraje. ¡Juntos somos invencibles! (O)