El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia por unanimidad negó el recurso de casación presentado por Cléver Jiménez, asambleísta por Pachakutik; su asesor, Fernando Villavicencio, y el activista Carlos Figueroa. El primero y el segundo fueron sentenciados a 18 meses de prisión, mientras que el tercero a 6 meses.

Además, el fallo incluye la disposición de que deben pedir disculpas públicas y pagar 140 mil dólares de indemnización al presidente Rafael Correa por daños y perjuicios.

La sentencia se efectuó luego de que en primera instancia la jueza Lucy Blacio halló culpables a los implicados por el delito de calumnia judicial, según el artículo 494 del Código Penal vigente.

Esta norma se invocó ya que los tres sentenciados presentaron una denuncia formal en la Fiscalía en 2011 contra el Primer Mandatario por supuestamente haber ordenado la incursión armada al hospital de la Policía durante la revuelta del 30 de septiembre de 2010.

La Fiscalía desechó la denuncia en la etapa de indagación previa, ya que no se encontraron elementos suficientes para seguir el proceso, por tanto la denuncia fue calificada por el juez Richard Villagómez de la Corte Nacional de Justicia como maliciosa y temeraria.

Por este motivo, el presidente Correa contrademandó y el proceso se sustanció por sorteo en la Sala de lo Penal de la misma Corte Nacional de Justicia debido a la calidad de asambleísta que obstentaba Jiménez.

Una vez que fueron hallados culpables, los implicados presentaron un recurso de nulidad y apelación, el cual fue negado y se ratificó la sentencia.

Entonces la defensa volvió a interponer un recurso de casación, el que finalmente fue negado el martes pasado luego de casi cuatro horas de diligencia, en el tribunal de la Corte Nacional de Justicia.

El dictamen leído por el juez ponente Vicente Robalino señalaba que analizada la sentencia impugnada, el tribunal de casación por unanimidad resolvía “que no se encuentran probadas las violaciones a la ley que han argumentado los recurrentes, en consecuencia no hay causal para casar la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones y se declaran improcedentes los recursos planteados por los ciudadanos Carlos Figueroa, Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez”.

Una vez que se redacte por escrito esta decisión se notificará a las partes en sus casilleros judiciales y ejecutoriada la misma se remitirá el expediente a la autoridad competente para su ejecución.

El abogado del presidente Rafael Correa explicó que en este caso una vez que se notifique la sentencia el asambleísta Jiménez tendría que cumplir la pena e ingresar a prisión sin necesidad de que haya un trámite legislativo para levantar la inmunidad parlamentaria. “En este caso no cabe esa figura porque es una orden de la Corte Nacional de Justicia, la cual se tiene que cumplir, al igual que con los otros sentenciados”, manifestó.

El abogado añadió que durante la audiencia de casación los defensores de los imputados interpretaron erróneamente la ley: “esperábamos escuchar una fundamentación que justificara el pedido de casación, lo cual no ocurrió”.

El abogado Julio César Sarango, defensor de Jiménez y Villavicencio durante su intervención, argumentó que el Asambleísta presentó la denuncia contra el Presidente de la República en su calidad de Legislador, por lo que no se debió juzgarlo sin que haya habido previamente un “antejuicio en la Asamblea, procedimiento que no se cumplió por lo que hay un error procesal que motiva el pedido de casación”.

El asambleísta por Pachakutik indicó, tras escuchar el dictamen, visiblemente contrariado, que “los jueces siguen órdenes de Carondelet y que recurrirá a instancias internacionales como la Corte Penal y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se haga justicia.

El penalista Ramiro García opinó que los acusados todavía pueden presentar un recurso de revisión de la sentencia, lo cual impediría que se cumpla la sentencia; asimismo pueden optar por el recurso extraordinario de protección.

Ese recurso, según García, se lo solicita a través de un escrito a la Corte Nacional de Justicia, la cual lo remite a la Corte Constitucional, que finalmente resolverá el pedido, pero explicó que el recurso de protección no modifica la pena, la cual tendría que ejecutarse.

El asesor Fernando Villavicencio no acudió a la audiencia el martes ya que, según sus abogados, viajó a Washington para solicitar protección a organismos de DD.HH. 

Por su parte, el asambleísta Jiménez se reunió con su equipo jurídico para planear su estrategia ante la inminente prisión.