Rendición social de cuentas, participación ciudadana y transparencia en la Función Judicial
Para impulsar el cambio del modelo de gestión en la administración de justicia –o para crearlo–, un tema crucial es construir procesos y políticas participativas, de rendición de cuentas y de transparencia en la Función Judicial (FJ).
La rendición de cuentas no se agota con un informe anual de labores, sino que tiene que ver con crear constantes condiciones para deliberar con la sociedad y responder sobre el cumplimiento de la misión, fines, objetivos de cada uno de los órganos que integran la Función, la observancia a las disposiciones de la ley que regula el acceso a la información y la posibilidad de informar, de manera permanente, sobre los logros alcanzados en dos grandes ámbitos: 1) la organización institucional (en actos y omisiones sobre contratos públicos, actos normativos, transparencia de gestión, estructuras orgánicas por procesos, remuneraciones, presupuesto, rendición de cuentas y posibles actos de corrupción); y 2) las políticas públicas implementadas por cada entidad (ejecución de planes, programas y proyectos, atención en derechos constitucionales, provisión de obras, bienes y servicios y los procedimientos empleados).
Estos polos informativos de gestión deben estar al alcance de cualquier persona, con fuentes verificables y actualizadas. Recordemos que una observación de la Veeduría Internacional fue que no contaba con suficiente información sobre la nueva infraestructura física y sus procesos contractuales.
La rendición de cuentas no debe confundirse con un informe anual, sino que va más allá...La Función Judicial debe estimular un proceso social de rendición de cuentas, que inicie con la participación ciudadana desde la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, y que se amplíe al seguimiento y control social permanente de su implementación. Habría que pensar, por ejemplo, en la conformación de un comité consultivo de la FJ, con técnicos y especialistas en modernización judicial que no sean parte de esta Función, para construir una instancia de deliberación sobre la agenda institucional; también, puede ser oportuno la creación de consejos ciudadanos regionales para discutir y recibir los aportes de la ciudadanía sobre las políticas y programas por ejecutarse.
Para aquello, se requiere avanzar en la perspectiva de que cada una de las dependencias de las entidades judiciales (Fiscalía, Defensoría Pública y las demás) publiciten las actividades y avances alcanzados en audiencias públicas con los usuarios del servicio, pero también con estudiantes, docentes e investigadores para compartir y generar espacios de incidencia social en la administración de justicia. Con la finalidad de mejorar los servicios que prestan estas instituciones, hay que superar la visión reduccionista que con el informe anual y los boletines de noticias se cumple con la rendición de cuentas. Un cambio en el sistema judicial sin deliberación pública es inviable.
La disposición general de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana para garantizar este derecho en todas las funciones del Estado, debe efectivizarse mediante la creación de protocolos e instructivos institucionales que permitan el ejercicio activo de los derechos de participación –intervenir en asuntos públicos, fiscalizar actos del poder público, acceder a la información-. La FJ debería crear categorías de calificación –con participación social- sobre el cumplimiento de los derechos afines a la justicia en las instancias judiciales; promulgar un código de ética con control social; conformar jurados ciudadanos; realizar plebiscitos para los actores –internos y externos– del sistema judicial; promover la organización social de los operadores jurídicos; incentivar la intervención de la ciudadanía en la discusión de los reglamentos del Consejo de la Judicatura con foros regionales y espacios para presentar propuestas; implementar la discusión con la sociedad sobre la ejecución presupuestaria y sus políticas para sustentar la legitimidad de la modernización institucional.
Todas las entidades de la Función deben crear y publicar sus indicadores de gestión –en base a la calidad de trabajo, niveles de eficiencia y rendimiento, organización y otros– e índices de transparencia, para que el intento por impulsar un nuevo modelo de gestión tenga instrumentos reales y objetivos para su medición.
Ojalá toda la institucionalidad ecuatoriana pueda producir estas herramientas propias en esta misma lógica.
Se deben crear consejos regionales ciudadanos para recibir los aportes de la comunidadComo parte de estos instrumentos, un papel clave jugaría la ciudadanía, al ser consultada directamente, acerca de las condiciones de los servicios de justicia, la actuación de los servidores judiciales, el nivel de confianza en estos, los problemas que cree existirían sobre la independencia de los jueces y la Función Judicial, entre otros temas. Sobre este punto sería oportuna la cooperación que pueda brindar el Instituto Nacional de Estadística y Censos, ya que la realización de encuestas técnicas y permanentes conllevará a contar con información relevante para la definición de estrategias de promoción de la ética pública y lucha contra la corrupción.
Los controles institucionales y disciplinarios internos resultan, a veces, insuficientes –y hasta vulnerables– para contar con dimensiones reales de las prácticas negativas en que pueden incurrir los operadores jurídicos. En el caso de la evaluación judicial, esta medida por sí sola no cambió las dificultades de la FJ, menos aún, cuando fue un proceso carente de participación ciudadana.
Lo que sí hay que evaluar, de forma constante, es el sistema en que opera la FJ, con cifras actualizadas y la intervención de la ciudadanía, de distintos segmentos poblacionales y territoriales que son atendidos por la Función.
La producción de índices de transparencia es indispensable porque estaremos en condiciones de formular correctivos útiles en base a estadísticas de distinto tipo y certeras, pero también deben estar vinculados a la utilización de aplicaciones tecnológicas para publicitar al máximo temas como la declaración de bienes e ingresos de todos los servidores judiciales, qué hacen y cómo hacen su trabajo, los textos de argumentación de las sentencias y su libre acceso, la cobertura en directo de las audiencias; por ejemplo, que los estudiantes puedan abrir desde sus computadores la proyección en vivo de cualquier audiencia judicial contribuiría a su formación.
Por otro lado, cuando ubicamos las razones de las audiencias fallidas en los procesos, resulta inadmisible que una de ellas radique en que son las y los mismos jueces quienes se fijan las horas y días para su realización, sin registros informáticos básicos para asegurar su presencia y que no se programen varias en la misma fecha y hasta hora. Es indispensable radicalizar el uso de plataformas tecnológicas en la FJ para su gestión pública, si no se consolida esta estrategia no lograremos nada.
Estas medidas permitirán a la Función Judicial caminar hacia la formulación de políticas de participación ciudadana y transparencia, así como también serían un aporte con el Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción del Estado ecuatoriano.
