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El costo de una diligencia era de $ 1.356, ahora es de $ 576

Reformas judiciales posibilitaron ahorro de $ 105 millones en 2015

Las salas de audiencias cuentan con equipos para videoconferencias y grabación de las diligencias.
Las salas de audiencias cuentan con equipos para videoconferencias y grabación de las diligencias.
Álvaro Pérez / El Telégrafo
30 de enero de 2016 - 00:00 - Redacción Justicia

Un ahorro al Estado de más de $ 105 millones el año pasado fue posible a las reformas judiciales que incluyen la vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la adecuación de la infraestructura, adquisición de equipos para la grabación en audio y video de las audiencias y la implementación de una plataforma tecnológica para respaldar el sistema informático del Consejo de la Judicatura (CJ).

El presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, se refirió al tema durante su intervención del jueves último ante la Asamblea Nacional, donde rindió cuentas de sus labores efectuadas en 2015.

El funcionario destacó la mayor productividad del sector Justicia enfocada en la cobertura de protección de derechos, sin contar con los beneficios en seguridad ciudadana y lucha contra la impunidad. Señaló que debido a ello, los índices de satisfacción y confianza ciudadana en la Función Judicial crecieron el 62%, cuando antes apenas llegaba a 7%.

También indicó los resultados obtenidos con el COIP y explicó que con el uso de las actas resumen y la grabación de las audiencias, el Estado economizó más de $ 6,7 millones.

El reglamento prevé que las audiencias sean grabadas en su totalidad y almacenadas digitalmente. Las personas que requieran una copia certificada podrán obtenerla en un CD u otros medios magnéticos, lo cual ha impedido el gasto de papel, ya que anualmente se transcribía un promedio de 128 mil audiencias, lo que implicaba el uso de 8 millones de hojas al mes.

La aplicación de procedimientos como el juicio directo y abreviado permitió juzgar con eficiencia los delitos flagrantes y, por ende, descongestionar los tribunales penales, señaló.

Más de 20 mil causas se tramitaron bajo estos procesos lo que significó un ahorro de $ 99 millones. “En un intervalo de 10 a 25 días, ya no de 192 en promedio como en el pasado, un ciudadano es declarado inocente o asume su responsabilidad frente a la sociedad”, afirmó. De igual forma, ahora el 96% de las audiencias se realiza en la primera convocatoria, lo que implica la optimización de recursos, de lo cual se beneficia el usuario.

Aumento de la productividad

El director de la Judicatura, Tomás Alvear, explicó que utilizaron variables como la ampliación de la cobertura, el aumento de la productividad, las innovaciones procesales y tecnológicas, para determinar el costo que tenía una audiencia judicial hasta antes de las reformas efectuadas. Con esto fue posible establecer que una audiencia costaba $ 1.356, pero en la actualidad este monto disminuyó a $ 578.

El funcionario puso de ejemplo las videoconferencias, lo cual permite que las personas imputadas en algún delito estén presentes en las audiencias sin necesidad de que sean trasladadas de los centros carcelarios, incluso cuando residen en otros países.

Jalkh indicó que el año pasado se emplearon videoconferencias para receptar 7.281 testimonios. “Esto incluye algunos procesos con participación de testigos y peritos desde Europa y Argentina, este sistema ha permitido al Estado ahorrar $ 3 millones, debido al costo que tenía la custodia y traslado de las personas privadas de libertad”.

La ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ledy Zúñiga, manifestó que en 2015 se efectuaron 3.620 audiencias por medio de videoconferencia, lo que evitó la salida de los centros de 5.733 privados de libertad. Además, destacó que “cerca del 70% de personas privadas de libertad cuentan con una sentencia”. (I)

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