¿Por dónde va la política criminal y de seguridad ciudadana en el proyecto de Coescop?

El proyecto del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop) contiene, como lo explicamos ayer, una serie de puntos que ha generado un debate interesante.

Un tema pendiente de la norma está en precisar cuáles serían los elementos de coordinación o articulación del Servicio de Investigación de la Infracción con la Policía Judicial (PJ), ya que, al no precisarlos, sus competencias muy afines terminarán en algún momento por buscar redefiniciones a la estructura de la PJ o, en un momento dado, que ambos procesos pueden ser parte de un mismo macroproceso que se subsuman y devengan en una nueva entidad que aborde tanto las atribuciones actuales de la PJ con las nuevas del Servicio de Investigación de la Infracción, para lo cual habría que contemplar una transición y una evaluación del personal de Policía Judicial.

De igual manera, se debe clarificar si el Servicio de Investigación de la Infracción para sus ejecuciones operativas en el ámbito investigativo lo hace bajo las orientaciones jurídicas de la Fiscalía del Estado. ¿Hasta qué punto podría tener entre sus funciones la posibilidad de ejecutar planes, programas y proyectos elaborados por el Ministerio del Interior? Si el subsistema de Investigación de la Infracción se organizará bajo los lineamientos de este Ministerio, ¿en qué fases o ámbitos se regiría por la dirección de la Fiscalía General del Estado?

Un tema que debe investigarse es la infiltración delictiva en varias ramas
de la PolicíaSobre el Servicio de Protección Público, hay una premisa importante para el análisis: los riesgos y eventuales inseguridades por los que atraviesan nuestras democracias no son los mismos que  hace 10 o 15 años, por esto sí es una visión oportuna la creación de este tipo de servicio, pero también hay un hecho todavía más crucial, y tiene que ver con que las autoridades que definen y toman las decisiones sobre la política pública de combate al crimen organizado requieren una protección especial, no solamente por cuestiones de seguridad, sino para el cuidado de la información y los asuntos que tratan en la conducción de esas políticas, aspectos que están en constante amenaza de ser filtrados por los actores delictivos.

Hay otros temas que el proyecto de código aún debe desarrollar para el segundo debate, las condiciones del funcionamiento y aspectos generales para la organización del Gabinete de Seguridad; también le corresponderá señalar los momentos en los que el Servicio de Protección Público podría coordinar y desarrollar acciones de cooperación con las FF.AA.  

Para finalizar este primer análisis -que posteriormente  necesitará  otros- hay un tema muy oportuno para la discusión del cambio institucional de la fuerza pública, y se refiere a que uno de los problemas por los que atraviesan todas sus ramas consiste en los niveles de infiltración y contaminación por sujetos vinculados al narcotráfico o a las bandas del crimen organizado, para ese problema se deben buscar medidas que funcionen. Por ello, cuando se crean divisiones especiales para profesionalizar el trabajo y los ámbitos de desempeño en grupos específicos de la Policía, se pretende mejorar y tecnificar a la institución como algo que enfrentará el problema citado, tomando en cuenta que es precisamente la dispersión de competencias y unidades, falta de especialización temática y la estructura jerárquica de administración militarizada lo que podría propiciar ciertas facilidades para convertir a la Policía Nacional en una institución vulnerable de ese tipo de injerencias.

El proyecto de código también incorpora el Régimen Administrativo Disciplinario y los aspectos de juzgamiento, que no solo contribuirán a mejorar el desempeño del personal, sino que creará acciones preventivas para el mal comportamiento de los servidores policiales. Además de lo enunciado, he expresado también la necesidad de incluir tipos penales específicos en el Código Orgánico Integral Penal, para afrontar esta problemática por la que atraviesan todas las instituciones policiales y militares del continente.

La política criminal del Estado no solamente puede ser abordada desde los cambios o expedición de un nuevo Código Penal, sino mediante una completa transformación institucional de las entidades responsables en las tareas relacionadas con seguridad ciudadana y orden público.