¿Por dónde va la política criminal y de seguridad ciudadana en el proyecto de Coescop?
La discusión y presentación del proyecto de Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop) en la Asamblea Nacional, para primer debate, ha provocado algunas respuestas contrarias que se resumirían en los siguientes ejes temáticos: a) Afectación a la unidad de la Policía Nacional; b) La conversión de FF.AA. en policía militarizada; c) La inconstitucionalidad de asignar otras funciones a FF.AA.; y d) Las diferencias en la prestación de servicios de la Policía, lo que podría disminuir su eficiencia.
Con miras a profundizar el debate sobre este proyecto de código, quisiera plantear algunos puntos que podrían ser relevantes para continuar el análisis. Una de las experiencias evidentes que han implementado varios países en el combate al crimen organizado ha sido, justamente, la creación de unidades, cuerpos o instituciones especializadas para enfrentar la delincuencia organizada para aportar con estudios de inteligencia en el seguimiento a los grupos delictivos.
La propuesta debe definir claramente cómo fortalecer la acción y el rol de la Policía NacionalCuando se ha analizado el impacto y las cifras de la delincuencia organizada, se han esgrimido varias objeciones a los atrasos institucionales y a la debilidad en la que opera el conjunto de la Policía Nacional como entidad pública pesada y sobrecargada de atribuciones diversas, a pesar de los logros tangibles de algunas de sus unidades, principalmente en el combate al narcotráfico y el fenómeno delictivo. Empero de aquello, esta institución es una de las más conservadoras en su reforma orgánica y con escasos niveles de profesionalización para responder a las exigencias actuales de nuestra sociedad. En el caso de la lucha al crimen organizado, eso no pasa solamente por una fuerte inversión en los equipos, bienes, infraestructura y armas de sus miembros, sino en las posibilidades de crear sistemas de investigación, inteligencia y tecnología, que contribuyan a crear políticas y comunidades de información para enfrentar con estrategias y operativos efectivos a las novedosas y dinámicas formas en que funcionan las bandas criminales. Con miras a este propósito, la Policía ha atravesado un muy lento proceso de reingeniería, si bien competencias como la organización del tránsito en las ciudades y el manejo del control migratorio están progresivamente retirándose, aún tenemos temas gruesos pendientes para consolidar su reestructuración. Bajo ese correlato, el proyecto de código fortalece y define como procesos generadores de valor para cumplir la misión y funciones de la Policía Nacional a los siguientes: 1) Gestión Preventiva; 2) Servicio a la Comunidad; 3) Investigación Técnica y Científica de la Infracción; 4) Inteligencia Policial; y 5) Asistencia Operativa.
Un acierto sería la creación del servicio civil de la investigación de
la infracciónTambién se plantean cambios en el enfoque de la administración policial, para convertir a la institución caracterizada por una doctrina militar, hacia una doctrina civil armada que estaría compuesta por subsistemas que responderían tanto a esos procesos generadores de valor como a las dinámicas sociales. Estos ajustes, sumados a la intención de profesionalizar y tecnificar a la Policía mediante la vinculación con el sistema de educación del Estado, permitirá que el trabajo que ofrecen a la comunidad se fortalezca con las áreas de investigación y prevención delictiva, así como la búsqueda de respuestas de conformidad con lo que sería un servicio público y el carácter civil-profesional que se debe implantar en el personal policial. Cabe resaltar como un logro en el proyecto de código la creación del “Sistema de competencias, evaluación, capacitación, especialización y plan de carrera”, aspecto que aportará en los perfiles, preparación, formación, gestión, responsabilidades y conductas de los servidores policiales o civiles. También cabría destacar la integración del personal por 4 tipos distintos: 1) Aspirantes a servidoras y servidores policiales directivos; 2) Aspirantes a servidores o servidores policiales técnico operativos; 3) Servidoras o servidores policiales directivos; y 4) Servidoras o servidores policiales técnico-operativos.
Por otro lado, uno de los aspectos que plantea el proyecto de Coescop es la creación de dos servicios: 1) De Protección Pública; y 2) De Investigación de la Infracción. El primero se encargaría de brindar protección a las autoridades estatales, mientras el segundo tendría la misión de desarrollar investigaciones sobre infracciones penales y la delincuencia organizada nacional y transnacional. Es un acierto del código la creación del servicio civil de investigación de la infracción, que implica una instancia de apoyo para dotar de insumos relevantes para el desarrollo de los procesos judiciales y el acceso a la justicia, información que fortalecería no solamente a las instituciones del sector justicia, sino a las entidades encargadas de implementar las políticas públicas sobre seguridad ciudadana. Uno de los pedidos más recurrentes en mi columna de análisis ha sido justamente la necesidad del país de contar con políticas multisectoriales y de coordinación interinstitucional para generar mayores (y mejores) indicadores sobre el accionar de todas las entidades que intervienen en las políticas relacionadas con la justicia y seguridad pública, porque de esta manera se pueden buscar medios e instrumentos más eficientes para su ejecución. En esa perspectiva, el Servicio Civil de Investigación de la Infracción puede aportar con investigaciones útiles sobre la acción judicial y sus procesos de gestión necesarios de reformas procesales, administrativas u organizacionales.
