Las protestas efectuadas en agosto pasado, convocadas la mayoría por simpatizantes de la Conaie, produjeron la detención de 126 personas en 10 provincias del país.

Los detenidos, según las autoridades, protagonizaron actos violentos, los cuales se circunscriben en 5 tipos de delitos penales que son investigados por los fiscales de cada provincia.

Según la información emitida por la Fiscalía, el 19 de agosto del total de apresados, en la provincia de Orellana, 8 están con cargos de sabotaje, a 6 de ellos los jueces dictaron prisión preventiva y a 2 personas les dieron medidas alternativas.

En las provincias de Cañar, Esmeraldas, Morona Santiago y Loja a 57 ciudadanos se les abrió expedientes en la Fiscalía por paralización de servicios públicos.

En Pichincha, Cotopaxi, Pastaza y Morona Santiago a 42 personas la Fiscalía les formuló cargos por presunta participación en ataque o resistencia, debido a la violencia con que supuestamente agredieron a los agentes de la fuerza pública.

Otras 2 personas en Guayas están con medidas cautelares por posesión de armas. Además, 4 detenidos cometieron contravenciones en Azuay, cuyos casos pasaron a conocimiento de los jueces respectivos y fueron sancionados el 13 de agosto con 5 días de prisión.

En la provincia de Azuay, un ciudadano está con prisión preventiva por presunta incitación a la discordia entre ciudadanos.

No obstante, en el caso de 9 detenidos en la semana de protestas que se desarrollaron especialmente entre el 13 y 19 de agosto, los jueces, a pedido de la Fiscalía, no calificaron la flagrancia, es decir, recuperaron su libertad en las provincias de Pichincha y Pastaza.

En Loja se registró el mayor número de detenidos, con 34 personas, 26 de ellas fueron sancionadas con prisión preventiva, 4 están con medidas cautelares y se abrieron investigaciones previas a otros 4 ciudadanos por el delito de paralización de servicios.

El lunes último el juez de la unidad judicial de Loja otorgó medidas sustitutivas a 25 acusados a quienes se les levantó la prisión preventiva; sin embargo, el proceso judicial continuará.

El fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga, explicó que los fiscales que intervienen en los procesos analizan los hechos. “En unos casos hubo violencia como lo demuestran los medios de comunicación social, incluso 2 personas fueron detenidas por portar armas de fuego, por eso fueron procesadas. Por lo tanto, lo que unifica a las causas no es la marcha sino lo que ocurrió en las diferentes localidades”.

La investigación penal se nutre de varias fuentes de información que en primer lugar son indicios y después si se llega a juicio se convierten en pruebas que, además, son presentadas a los jueces, que al final son quienes deciden si existen suficientes elementos para dictar una condena de culpabilidad o inocencia, manifestó el funcionario.

“Lo que quiero decirle al país es que una de las garantías fundamentales de la democracia en el país es que existe un sistema jurídico, por eso los casos no se discuten en canales de televisión o medios de comunicación, sino donde están los fiscales, defensores y jueces”, sentenció Chiriboga. (I)