En la mañana de ayer concluyó la audiencia de vinculación de 8 miembros policiales, acusados por la Fiscalía de insubordinación durante la revuelta del 30 de septiembre de 2010 (30-S), luego de que fuera suspendida el viernes anterior.

El juez Reynado Cevallos, encargado del Juzgado Sexto de Garantías Penales de Guayas, acogió la vinculación de los uniformados solicitada por la fiscal Margarita Neira y dispuso dos medidas cautelares personales, como son la prohibición de salida del país y presentarse cada 15 días en el despacho del juez titular.

Según explicó la autoridad, esta es una de las causas que todavía existen en torno a lo suscitado el 30-S, en la que por el supuesto delito de insubordinación la Fiscalía, de acuerdo con las indagaciones que viene realizando, ha identificado a más de 60 personas, todos miembros de la Policía Nacional, quienes aparecen en videos que los medios de comunicación difundieron en reiteradas ocasiones.

Los 8 agentes, ahora vinculados, no pudieron ser identificados oportunamente por la Fiscalía.

En la audiencia, la Defensora Pública de los agentes indicó que el caso va para 4 años, y aún con esos elementos que se han recopilado desde esa fecha, se sigue vinculando a más personas.

No obstante, Neira indicó que la investigación consiste en identificar a los responsables y que los delitos no queden en la impunidad; esa investigación se la hará mientras dure el tiempo que la ley permite y no prescriba.

Es decir, que el caso va a seguir abierto para todos quienes han intervenido y no han sido en su momento identificados.

“Se trata de un delito de insubordinación porque los elementos del orden, lejos de cumplir con sus funciones específicas, no lo hicieron. No es que se rebelaron porque eso sucede cuando hay una orden judicial o administrativa que se opone, aquí lo que hicieron fue que no salieron de los repartos al control policial y de resguardo de la ciudadanía, por lo cual la fiscal está investigando ese delito”, dijo el juez, quien explicó que la audiencia fue suspendida el viernes pasado porque se tenía pautada otra diligencia en el despacho 19º de Garantías Penales, en el cual él es titular.

Al finalizar se dispuso que los nuevos procesados sean notificados de las medidas cautelares, que fueron dictadas, explicó Cevallos, respetando el principio de igualdad, puesto que a los otros procesados se les dictaron las mismas medidas.

Neira explicó que cuando se dicta instrucción fiscal es porque ya se ha identificado a todos los procesados, porque no se puede iniciar juicio a un NN o a un alias.

Desde hoy la fiscal tiene una prórroga de 30 días para continuar las investigaciones, y luego tendrá que presentar su dictamen en la audiencia de juicio.