La venta de medicamentos para la salud pública habría originado una red de tráfico de influencias que facilitaba los contratos a cambio de lucrativas coimas. Tras cinco meses de investigaciones, la Fiscalía con colaboración de la Policía especializada, detuvo a dos personas con fines de investigación.

En la operación ‘Boreal’, los agentes de la Fiscalía ejecutaron la tarde del pasado lunes seis allanamientos entre domicilios y oficinas, ubicados en Tumbaco, Cumbayá y centro norte  de Quito (Pichincha), en las cuales incautaron documentos relacionados con presuntos contratos suscritos con las entidades públicas. Además se decomisaron celulares y equipos de computación, cuya información será útil en la investigación de este caso.

El fiscal Hugo Pérez indicó que las dos personas detenidas serían parte de una presunta red dedicada al tráfico de influencias.

Según indagaciones de la Fiscalía, estas personas habrían participado en la negociación de contratos para la compra de medicamentos destinada para la red de hospitales públicos.

La investigación de este caso inició en julio de 2016, durante la cual se conoció que esta red de tráfico de influencias se dedicaría al pago de coimas a cambio de acceder a contratos con el sector público.

Los detenidos  fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia de Quito para continuar con los trámites judiciales respectivos, como el examen médico legal y la toma de versiones. Se prevé que en las próximas horas se realice la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de tráfico de influencias.

Según el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se comete tráfico de influencias, “las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, numeradas en la Constitución de la República, prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, ejerza influencia en otra u otro servidor para obtener  un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años”. (I)