Más de 50 afectados por inmobiliaria Inmocasales

Magalli del Castillo y 50 personas más confiaron su dinero, para adquirir una vivienda, a la inmobiliaria Inmocasales, de propiedad de la compañía Solines-Valdiviezo. La ilusión de estas familias se desvaneció cuando la empresa no entregó los departamentos en el tiempo acordado.

Del Castillo denunció que durante 4 años depositó $ 700 mensuales en las cuentas de Inmocasales, por la compra de un departamento, valorado en $ 67.000, en el proyecto Casales San Pedro, ubicado en el centro-sur de Quito. En el transcurso de 2006-2007 invirtió $ 10.922. La inmobiliaria le indicó que su departamento fue vendido a otra persona. Como solución, la compañía le presentó el proyecto habitacional Tirrena, ubicado en la 6 de Diciembre, en el norte de Quito.

La denunciante aceptó el cambio de proyecto y desde el 2008-2009 depositó en las cuentas de Inmocasales-Tirrena $ 4.610. El departamento estaba valorado en $ 69 mil. Del Castillo consignó a la compañía $ 15.532 por el departamento en el proyecto Tirrena. Pero, al igual que en el caso anterior, fue vendido a otras personas y “hasta la fecha no nos devuelven el dinero, que fue el ahorro de 10 años de trabajo”.

La perjudicada indicó que el monto depositado en la cuenta de Inmocasales debió ser transferido a la administradora de fondos y fideicomisos Fideval, empresa que debió efectuar el contrato de compra y venta por el departamento en Tirrena. Sin embargo, para “Fideval yo no estaba aportando ningún monto de dinero, porque Inmocasales y Solines Valdiviezo no transmitían información sobre las transacciones. Me indicaron que solo había depositado $ 1.150 cuando desde el 2006 a 2009 entregué $ 15 mil a Inmocasales. En abril de 2015, Guadalupe Torres, madre de Magalli, presentó una denuncia por estafa en la Fiscalía de Pichincha, en contra de Carlos Alfredo Valdiviezo y Patricio Solines, socios de la empresa Solines-Valdiviezo.

Andrea Maila, fiscal de Patrimonio Ciudadano, indicó que el caso se encuentra en indagación previa, aunque, en octubre del año pasado, el agente investigador emitió un informe sobre el caso. Valdiviezo y Solines no tienen casillero judicial. La funcionaria manifestó que los presuntos sospechosos deberán rendir su versión libre,voluntaria y sin juramento, en los próximos meses.

También, Luis Barragán fue perjudicado por Inmocasales, porque entre 2008 y 2009 depositó en la cuenta de la inmobiliaria $ 10 mil por una vivienda en el proyecto Casales Daniela, norte de la capital. Al no recibir su casa, Barragán detuvo los depósitos. Mencionó que en una reunión con otros afectados y Patricio Solines recuperó $ 3 mil y aseguraron que en enero de este año le devolverían el resto de su dinero, lo que no ocurrió. Barragán está dispuesto a denunciar el caso en la Fiscalía. Aseguró que la disolución de la constructora Solines-Valdiviezo los perjudicó aún más.

Empresa liquidada

El 16 de julio de 2014, la Superintendencia de Compañías resolvió de oficio la liquidación de la empresa Inmocasales y designó a Rodrigo Álvarez como abogado liquidador. Álvarez explicó que el giro de negocio de la inmobiliaria era la comercialización de viviendas, mas no la promoción y construcción de los proyectos. En agosto 2014 se publicó en un medio de comunicación la convocatoria para que los acreedores se acerquen al liquidador y así justifiquen sus acreencias.

La constructora Solines-Valdiviezo tenía acciones en la compañía Inmocasales, a la vez eran dueños de los derechos fiduciarios, constituyentes y beneficiarios de las utilidades de los fideicomisos Tirrena y Casales Daniela. Inmocasales recibía una comisión por la venta de las casas o departamentos.

El liquidador conocía que “Inmocasales trabajaba de manera directa con la empresa Solines-Valdiviezo. En la contabilidad entregada por la empresa Inmocasales no tengo registrado obligaciones con terceros que hayan adquirido viviendas”.

Según información proporcionada por Inmocasales los recursos depositados en la empresa eran transferidos al fideicomiso o a la constructora Solines-Valdiviezo. Álvarez explicó que el registro de acreedores está conformado por proveedores, mas no por personas que adquirieron una vivienda. Hace dos semanas recibió a acreedores, que le manifestaron haber entregado recursos a Inmocasales por la compra de casa.

Estos no son los únicos casos de presunta estafa masiva por inmobiliarias, la Fiscalía investigó el año pasado 3 casos de este tipo, en los que hubo un perjuicio de $ 56 millones. La Fiscalía de Pichincha, entre 2013-2014, recibió 6.700 denuncias individuales por estafa contra las inmobiliarias Visión Constru, Havitabiahome y Unión Constructora. Los tribunales sentenciaron a 7 personas por estafa. (I)