El sistema judicial es un conjunto de operadores internos y externos, procedimientos, normativas y políticas que se interrelacionan en dinámicas interdisciplinarias, interculturales e interinstitucionales, con la finalidad de intervenir en procesos que deben responder a los derechos y objetivos del régimen de desarrollo previstos en la Constitución de la República. Ese sistema supera la organización interna de la Función Judicial, porque si bien funciona en ella, se proyecta y funciona desde los conflictos sociales y la búsqueda de sus reparaciones.

La Función Judicial presentó a la ciudadanía su Plan Estratégico 2013-2019 que contiene indicadores de impacto en relación a sus objetivos y estrategias definidas; sin embargo, esos indicadores no son los únicos que pueden identificar el estado actual de la justicia en el país, siendo también indispensable avanzar hacia indicadores de gestión de las políticas sobre esta materia que están planteadas en el Plan Nacional para el Buen Vivir, así como también la necesidad de construir objetivos, estrategias e indicadores sobre el monitoreo y gestión del sistema judicial, que no se agota en el desempeño de la Función Judicial y sus entes.

Es un avance para la administración de justicia tener indicadores de impacto, pero sobre este punto convendría discutir más en la metodología a ser utilizada para el levantamiento de información, así como en el resto de elementos que puedan desarrollar esos indicadores, como las variables empleadas, el fundamento entendido como fin de cada indicador, las unidades en que se expresan y los tipos de representaciones y desagregaciones que se usarían; todos estos aspectos que merecen una deliberación más amplia y pública.

Algunos aspectos podrían ser mejorados en el Plan Estratégico de la Función Judicial (PE), por ejemplo, cuando precisa como objetivo 3 “impulsar la mejora permanente y modernización de servicios”, que cuenta como estrategia 3.5: “evaluar y optimizar el modelo de gestión de fiscalías, defensorías, juzgados y tribunales”; empero, cabe señalar que, para lograr esa estrategia, es oportuno impulsar estrategias de coordinación y articulación entre los entes que integran la FJ –lo cual tendría que agregarse al PE– y, por consiguiente, la necesidad de establecer un indicador sobre el número de programas y proyectos que concreten las acciones de coordinación interinstitucional. Antes de evaluar y optimizar el modelo de gestión, sería imprescindible también diseñar acciones de monitoreo a la información y gestión que realizan los entes de la FJ, sin estrategias de monitoreo y seguimiento a la información que producen y a los procesos de su gestión no alcanzaríamos a contar con los elementos necesarios para el objetivo y estrategia mencionados, por ello se sugieren estas recomendaciones al PE. Recordemos que entes como la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública son relativamente nuevos en la FJ, y requieren mecanismos que institucionalicen la coordinación y articulación con los demás que integran la administración de justicia, con su respectivo seguimiento.

Tanto los órganos que integran la FJ como aquellas instituciones relacionadas con las políticas públicas de justicia –como el caso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos– deben aunar esfuerzos por construir los indicadores para las políticas en esta materia definidas en el Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) y debatir en la posibilidad de crear un plan de desarrollo para el sistema judicial, que no se reduce únicamente a la Función Judicial, en el que se puedan pensar las proyecciones en función del PE y del PNBV.